El sábado 29, jugaron en Anoeta las selecciones de fútbol del País Vasco y de Bolivia, entrenada por Xavier Azkargorta. El partido concluyó con la victoria de los vascos por 6-1 y con incidentes en los que catorce ertzainas fueron heridos. Unas horas después, el presidente Bolivia, el pintoresco Evo Morales, firmó el decreto de expropiación de cuatro filiales de la empresa energética española, con sede en Bilbao, Iberdrola.
Por supuesto no hay relación de causa y efecto entre ambos acontecimientos. Desde 2006, Morales decreta anualmente nacionalizaciones de empresas extranjeras que acudieron a su país amparadas por tratados de inversión; y en este año se ha unido el descubrimiento de una red de extorsión formada por altos cargos de la Administración y exministros. En 2012, la afectada fue Red Eléctrica Española. Aunque se trata de decisiones legales y el Gobierno boliviano se compromete a pagar las indemnizaciones, el país sudamericano ha entrado en la lista de Estados donde no conviene invertir. A la vez, como Morales cuenta con el respaldo de Venezuela y la ALBA, está amenazando con llevar la reclamación a Chile de una salida al Pacífico a la ONU y La Haya.
Tanto para Red Eléctrica como para Iberdrola, las empresas expropiadas en Bolivia apenas aportan unos pocos millones de euros a sus balances. Lo importante para nosotros es que el cambio de Gobierno en España producido hace un año no ha supuesto una modificación en la imagen nacional ni las relaciones exteriores. Si en el interior Rajoy ha proseguido la política de Zapatero de subir los impuestos, bajar las pensiones y mantener el aborto, en política exterior ha continuado el buenismo.
A principios de diciembre, Morales estuvo en España, donde fue recibido por Rajoy, que le prometió que seguiría enviando fondos públicos para la llamada cooperación. Es decir, no se toma ninguna medida para proteger a los empresarios y accionistas españoles, y aquellas pueden ser tan sencillas como la suspensión de la cooperación, la deportación de inmigrantes ilegales (en 2010 residían en España 250.000 bolivianos, de los que sólo 97.000 estaban en situación legal) y el bloqueo de las remesas.
Junto con la indiferencia de los gobiernos españoles por la suerte de sus compatriotas, otro elemento de debilidad es la actitud de muchos españoles que, o bien disculpan las expropiaciones basándose en que aquí se trata a los iberoamericanos como criados (con sanidad y educación gratuitas), o bien las jalean como vía para combatir el capitalismo. Askapena, la organización etarra encargada de internacionalizar su causa, monta campañas contra las empresas españolas en América, aunque sean vascas o catalanas.