No son los únicos, pero llama la atención que los piratas somalíes le han tomado con rapidez la medida a Occidente, explotando todas sus debilidades y aprovechándose de ellas con magistral habilidad. Para ellos, la globalización ha sido una bendición: cobran los rescates a través de la banca occidental, compran armas y alta tecnología a traficantes de aquí y de allí, eligen sus presas entre barcos de docenas de naciones y se saben ya estrellas de las horas de prime time en las televisiones occidentales. Y la postmodernidad europea –apaciguamiento, alergia al uso de la fuerza, compra de seguridad, frivolización continua–, les ha supuesto un premio gordo en este comienzo del siglo XXI.

No hace demasiado tiempo, el clásico derecho internacional distinguía claramente entre quienes –enemigos o delincuentes de todo tipo– estaban dentro del orden político creado por las naciones y quienes por sus actividades elegían situarse fuera de él. Los piratas pertenecían a esta categoría: ejercían una actividad considerada infame pero muy lucrativa, donde la relación coste-beneficio es altísima, gracias a no tener más norma que el pillaje desenfrenado sin límites en la violencia. Situados fuera del orden humano creado por las naciones, ni recibían clemencia de los civilizados ni la esperaban siquiera. Se hacían ricos rápidamente, pero a cambio no se les hacía prisioneros, y en el peor caso les esperaba la horca.

Mucho ha cambiado desde entonces. Occidente ha transitado del derecho internacional a los derechos humanos, y de éstos a la criminalización de la violencia, incluso la ejercida en defensa de la ley. Hoy los piratas han aprendido pronto el principio estratégico-diplomático de la Europa postmoderna: cualquiera que desafíe los intereses y la seguridad europea, en cualquier lugar del mundo, será acogido con una mezcla de comprensión, curiosidad y complacencia. Comprensión porque los europeos llegan a justificar las acciones de los piratas –perfectamente equipados, armados, y sin escrúpulos a la hora de usar la violencia–, con su sentimentalización habitual de los problemas del Tercer Mundo. Curiosidad porque, actuando a miles de kilómetros y en regiones exóticas, los piratas se han convertido en estrellas multimedia, con reportajes espectaculares donde se mezcla su carácter tenebroso con su entorno social lacrimógeno, convirtiéndoles en estrellas de la televisión a la que ya están acostumbrados.

Complacencia porque, en el fondo, muchos europeos creen que en efecto se trata de un castigo justo para Europa. Los piratas, que empiezan a saber mejor cómo manejar un micrófono que un kaláshnikov, se apresuran a justificarse culpabilizando a pesqueros occidentales, contaminación occidental o cualquier otra cosa "occidental" de sus criminales acciones. Lo hacen, evidentemente, porque tienen como público a una clase intelectual y política europea que está a deseo de disculparse por no dejarse piratear más a menudo en las costas somalíes, y que no saben bien si castigar a los filibusteros o compensarles por sus desgracias.

Como antes, los piratas de hoy están situados fuera de toda ley y de toda legalidad, pero saben que serán tratados mucho mejor que muchos delincuentes europeos. Las naciones europeas actúan a desgana, sabiendo que tienen que hacer algo pero sin saber muy bien qué hacer ni para qué. El episodio de la Audiencia Nacional –otro bochornoso comportamiento, y ya van unos cuantos–, los ministerios de Defensa –de nuevo Carmén Chacón liando las cosas– y de Exteriores –ídem–, muestra el desconcierto europeo: se amontonan barcos y aviones en la zona, sin saber muy bien qué hacer en el momento que todos evitan, el de enfrentarse y detener a los piratas y tomar una decisión sobre ellos, porque sencillamente nadie sabe bien qué hacer.

Como en el caso de los prisioneros de Guantánamo, el caso de los filibusteros somalíes pone de manifiesto el problema de qué hacer con quienes se sitúan voluntariamente fuera del orden jurídico internacional, del que aprovechan sus debilidades y al que combaten expresamente. Tras montarse operaciones de patrullaje multimillonarias contra ellos, se encuentran en un limbo jurídico que ellos mismos han elegido. Con la ley, carece de sentido juzgar en España a un somalí capturado en otro país o en aguas internacionales a miles de kilómetros, y menos aún soltarlo sin más tras ser apresado; tampoco hay país que sea responsable de ellos o que pueda juzgarlos por sí mismo. No hay derecho nacional o internacional en el que encajen. Europa, con esa mezcla de desvergüenza y moralismo que le caracteriza actualmente, ha optado por abandonarlos en Kenia, desentendiéndose de ellos como cuando se abandonaba a los piratas de antaño en islas caribeñas, con la esperanza de que tardaran en volver. Eso sí, mediante tratados generosamente pagados, que siempre calma las atormentadas conciencias europeas.