En las últimas semanas ha habido tres elecciones presidenciales en Iberoamérica: Guatemala, Argentina y Nicaragua. La de Guatemala fue la única en la que se acudió a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Los resultados se conocieron en menos de veinticuatro horas y el perdedor admitió su victoria. En los meses anteriores, las instituciones guatemaltecas dieron un ejemplo de respeto a la Constitución nacional, que no sólo prohíbe la reelección, sino que impide a los parientes de los presidentes presentarse a las elecciones: Sandra Torres, la esposa del presidente ya en funciones, Álvaro Colom, se divorció de éste y trató de inscribirse como candidata, pero la Corte Constitucional definió su acto como fraude de ley. En los otros dos países, por el contrario, la institucionalidad se está derrumbando por los golpes de los tribunos populistas.

En Argentina, Cristina Fernández ha ganado un nuevo mandato, el segundo seguido, y cuando éste concluya en 2015, deberá retirarse durante un cuatrienio antes de volver a presentarse. En cambio, Daniel Ortega ha conseguido que la Corte Constitucional declare nulo para él y un centenar de alcaldes sandinistas el artículo constitucional que prohíbe la reelección mediante un pucherazo judicial.

Tanto en Argentina como en Nicaragua, los presidentes han sido reelectos con mayorías adictas en sus legislativos, y la oposición ha sido arrollada en las urnas. No sería tan grave si se mantuviera la prudencia que obliga a que los presidentes no puedan ser reelectos indefinidamente. En Argentina, los kirchneristas ya plantean la reforma de la Constitución de 1994, y en Nicaragua, Ortega dispone de la mencionada sentencia ad hoc. La magnitud de sus victorias (54% de los votos para Fernández y 62% para Ortega, pese a que éste es un resultado rechazado por sus rivales), con más de 30 puntos en la votación de ventaja respecto a los candidatos que han quedado en segundo lugar, ha arrollado a las oposiciones respectivas: no hay nadie que pueda desafiar a los conductores.

Además, ambos gobernantes, vinculados al socialismo del siglo XXI promovido por el venezolano Hugo Chávez (Fernández a efectos de política exterior y Ortega, mucho más profundamente, hasta el punto de recibir de Caracas unos 500 millones de dólares al año), han avanzado un paso, y los partidos que hasta ahora les han servido como vehículo de sus proyectos, el Frente de la Victoria-Partido Justicialista y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, se están desdibujando ante sus ambiciones.

Fernández está convirtiendo a su marido, Néstor Kirchner, en un émulo de Evita, hasta el punto de vestirse de luto y de invocarle en sus mítines; ha depositado su cuerpo en un descomunal mausoleo en Río Gallegos; también está reelaborando la doctrina de su partido, de modo que hasta Carlos Menem, el presidente que más tiempo ha gobernado el país (diez años) y actual aliado de la presidenta en el Senado, es definido como neoliberal antes que como peronista. En el Frente para la Victoria los proveedores de ideología ya proponen un año cero y pretenden que el matrimonio Kirchner reemplace al matrimonio Perón en el olimpo del justicialismo.

Ortega ha convertido a uno de los responsables de su derrota electoral en 1990 frente a Violeta Chamorro, el cardenal Miguel Obando, en uno de sus aliados. Cuatro días antes de las elecciones, la familia Ortega asistió a una misa oficiada por el octogenario Obando y éste cubrió de elogios al presidente. Dijo que Dios le pagaría todo lo que ha hecho a favor de los pobres. Ortega, que fue acusado por su hijastra de haberla violado, se presenta como un cristiano renacido y ha aprobado medidas contra el aborto tan fuertes que han provocado incluso la protesta del director de Amnistía Internacional España. El Frente Sandinista ha pasado de ser un movimiento procastrista, prosoviético y anticatólico a convertirse en un partido que mezcla cristianismo, socialismo y solidaridad, como ha hecho en su campaña.

Como todos los populismos, la perpetuación de los caudillos en la jefatura de los Estados es imprescindible para el avance del movimiento político. A diferencia del chavismo, el orteguismo y el cristinismo no persiguen un régimen socialista. Fernández y Ortega reconocen ahora (debido a una demanda alta de sus materias primas, a los ingresos de divisas y a la reducción del desempleo) que la economía de mercado es más productiva y rentable que una socialista, pero no están dispuestos a aflojar en sus planes de control social: fomentan el clientelismo, persiguen a los periodistas hostiles, recurren a la legislación motorizada y desprestigian a los sectores que disienten.

Nos encontramos, por tanto, ante una mutación del populismo, cuyo modelo ideal ahora podría ser el de México bajo el PRI: un partido que domina la vida política y social del país, mientras que en la economía aplica principios capitalistas y cobra en dólares.