Lo ocurrido la noche del jueves al viernes frente al Ministerio de Interior se veía venir, pero no era inevitable. Tanto Rubalcaba como Camacho han dejado, en los últimos meses, a los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) vendidas ante las provocaciones de los alborotadores: en cualquier otro caso, habría detenidos por desacato, desobediencia o injurias: y esto para empezar, por no hablar de interrupción del tráfico, del libre paso por vía pública, manifestación ilegal etc. Pero las órdenes del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno al CNP son tajantes: no realizar detenciones. Lo que en cualquier otro caso serían actuaciones claras y predecibles, con Rubalcaba y Camacho se han vuelto imprevisibles, porque se supedita el orden público y las libertades básicas a la necesidad política del PSOE. Que los asaltantes arrebatasen el tricornio reglamentario a un guardia civil muestra el grado de envalentonamiento e impunidad que sienten los antisistema.

No era factible en su día desalojar a los miles concentrados en la Puerta del Sol gracias a la permisividad e imprevisión de Rubalcaba. Y no es permisible ahora que el céntrico lugar esté desierto, acordonado y blindado a personas normales, que cumplen la ley y van a trabajar o a comprar a la zona, con un despliegue carísimo e insostenible por mucho tiempo. La obligación del Gobierno es salvaguardar las libertades ciudadanas atacadas por los piqueteros del 15-M, y castigar a los culpables.

Actuar cuando los alborotadores han logrado concentrar a miles es absurdo, además de muy caro. La labor policial aquí es de inteligencia y prevención: y relativamente sencilla. El servicio de información de la Policía Nacional tiene perfectamente identificados a los cabecillas de esta chusca revolución, los grupos que financian, planifican, organizan y ejecutan las algaradas callejeras. Por un lado, está el movimiento okupa de Madrid, que utiliza las casas robadas como centros de mando. Es significativo el caso en Madrid del "Patio Maravillas" y "Casablanca", en la calle Pez y Santa Isabel respectivamente, auténticos cuarteles generales desde donde se maneja a antojo el 15-M. Acabar con estas casas ocupadas será privarles de sus centros de mando en el futuro, lo que será mejor hacer cuanto antes.

Por otro lado, hay un grupo de organizaciones y páginas webs, bien conocidas, que proporcionan visibilidad y propaganda, conocidos de la policía por sus conexiones con la izquierda proetarra. Sus responsables, servidores e IPs están perfectamente identificados y no hay excusa para que la justicia no actúe contra ellos. Además, están los grupos y "coordinadoras antifascistas", responsables de numerosos actos violentos en el pasado, y que se han reciclado aquí. Son también sus activistas bien conocidos por las FSE. Por último, están grupos políticos como Iniciativa Internacionalista –que dio cobertura a ETA en las elecciones europeas de 2009– y otros grupúsculos de izquierda revolucionaria. En la práctica, los miembros de ellos se mezclan, pero tienen en común dos cosas: se trata de unas pocas decenas de activistas; y están involucrados en la organización de actos ilegales en los que se cometen delitos claramente tipificados. Detenerlos, llevarlos ante la justicia y acabar con su impunidad es una labor limpia y rápida para las fuerzas de seguridad, que evitaría a tiempo el espectáculo grotesco de ver a mil personas rompiendo la normalidad del centro de Madrid.

Con cualquier otro grupo ultra, se hubiese actuado así. Pero dejar que la situación se tense, y cargar el trabajo policial en el control callejero de las UIP, es un error y una irresponsabilidad por parte de Camacho. Cada día que pasa, las posibilidades de incidentes aumentan, las posiciones se enconan, y la impunidad de los líderes de los indignados –que les empuja a ser cada vez más audaces, llegando a cortar unas pocas decenas de alborotadores el paseo del Prado, Gran Vía o la Glorieta de Carlos V–, o atacando directamente el Ministerio del Interior o el Congreso.