Al cumplirse los 35 años de la firma de los Acuerdos de Madrid, el conflicto del Sahara Occidental sigue sangrando por la misma herida que entonces: la de la inanidad de una casta política que, tanto desde la derecha como desde la izquierda, no ha sabido encontrar alternativa a unas relaciones con Marruecos sin más contenido que el de la dejación de responsabilidades. La bochornosa fuga de la ministra Trinidad Jiménez, dejando campo libre a los desmanes de Mohamed VI en el Sahara Occidental, es la última perla de esta dinámica que prácticamente todos los partidos que han gobernado desde la transición han cultivado, a costa de un sufrimiento innecesario de los saharauis y de un alevoso engaño a los españoles.
En 1975 mientras Franco agonizaba, los firmantes de los acuerdos –en verdad no fue más que una declaración de principios–, aseguraron que tuvieron que ceder ante Marruecos por el grave riesgo de guerra planteado por la llamada invasión pacífica de la Marcha Verde. Sin embargo, los propios responsables militares de la entonces provincia española confesaron años después que una semana antes de que la Marcha Verde cruzase la frontera del Sahara Español, el ejército marroquí ya estaba avanzando por el territorio desde la parte de la frontera más alejada de la atención de la prensa internacional, pendiente sólo del jaque mate lanzado por el entonces Rey Hassán II con su amenaza de "invasión pacífica".
Los propios responsables de la entrega del Sahara reconocieron además que la propia Marcha Verde integrada por 350.000 supuestos civiles cruzó más tarde la frontera en virtud de un acuerdo tácito alcanzado por el Rey Hassan II con el Gobierno de Arias Navarro que obligó a las tropas españolas a una frenética actividad de desminado y minado con el que se retrasaron las líneas defensivas. Objetivo: que los "patriotas marroquíes" pudiesen adentrarse en el territorio unos diez kilómetros durante unas horas, sin peligro de saltar por los aires, hacerse una foto "recuperando" el Sahara al colonialismo español y volver al punto de partida, del lado marroquí de los límites internacionales. Luego, el remate a este farsa lo dio la firma de unos supuestos acuerdos que se supone pactaban la transferencia de la administración y que no fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado para que no pasasen de ser una declaración de principios, es decir, papel mojado.
Paradójicamente, los firmantes de los acuerdos invocaron el interés de España y el patriotismo para justificar el giro con el que habían hecho descarrilar la política de apoyo a la autodeterminación saharaui apuntalada por las Naciones Unidas, y que Franco consideraba era la más acorde con los intereses económicos y geoestratégicos de España. Pero ni siquiera el PSOE de Felipe González –en la oposición tan pro-polisario como anti-otanista– hizo nada al llegar al poder para desmontar el gran engaño. Todos los partidos que han gobernado han contribuido así a mantener la ficción de unos acuerdos que nunca fueron legales para justificar la dejación de España en relación a sus responsabilidades con el pueblo saharaui. Se ha hecho creer a los españoles que a España no le quedaba más vínculo con los saharauis que el que dicta la solidaridad, historia y cultura. No es así. Es por el imperativo legal que dicta el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas y el dictamen del experto jurídico de la ONU Hans Corell.
El PP se indigna ante la "incomprensible indiferencia" del PSOE de Zapatero, pero también es cómplice del engaño que, disfrazado de neutralidad y equidistancia entre las dos partes enfrentadas, ha sido el mejor aval de Marruecos para seguir haciendo de su capa un sayo con la tranquilidad que le daba el saber el Frente Polisario no podía tomar la palabra en la ONU porque el Sahara sigue legalmente pendiente de ser descolonizado. España –que es la autoridad que debería legalmente hablar por el pueblo saharaui–, se lava las manos, haciendo como si nada tiene que ver con el asunto y como si fuese un asunto susceptible de mediación. Por eso las declaraciones de la secretaria de Organización del PP solicitando a Zapatero que auspicie unas negociaciones entre Marruecos y los saharauis "sin interferencias que puedan empañar su buen fin" y supuestamente encaminadas a que se pueda mantener "la posibilidad de un referéndum", muestran una improvisación oportunista marcada por elnefasto giro con el que el partido abandonó el paréntesis pro-saharaui de Aznar, dejándose llevar de la mano por personajes de dudosa amplitud de miras, que lo mismo son acusados de islamófobos que recogen premios que defienden la solución autonómica, en sintonía con Mohamed VI. Lo peor es comprobar que se ha puesto al PP al mismo nivel que el PSOE de Zapatero, con una incapacidad pavorosa para convertir la acción exterior en algo más que un caballo de batalla en la política electoral.
Ambas fuerzas políticas compiten en vender a los españoles la burra de que Marruecos es el socio por el que tiene que apostar España, sacrificando el claro mandato de la ONU –que exige a España amparar a los saharauis– en nombre del más burdo realismo político, suicida además para nuestros intereses a largo plazo. Se ha dicho que la contrapartida era la tranquilidad en Ceuta y Melilla, pero los incidentes de los últimos meses y el bulo del niño que se decía asesinado por la Guardia Civil han vuelto a demostrar que Mohamed VI no está dispuesto a soltar la presa. También se ha hecho creer a los españoles durante mucho tiempo que lo que ocurriese en el Sahara no nos afectaba. Todo lo cual, además, estaba guiado por el falso cálculo de que las nuevas generaciones de saharauis iban a seguir los pasos de los dirigentes del Polisario, víctimas en buena medida del poder corruptor y paralizador de las ayudas humanitarias, y que se ven incapaces ahora de controlar la situación. Ahora las llamas en El Aaiún han demostrado lo frágil que resulta una paz basada en un statu quo de cartón piedra. Lo malo es que el humo oscurece nuestro patio trasero.