Libia primero y Mali después han brindado a los países europeos una serie de lecciones sobre el entorno en el que se moverá a partir de ahora su defensa. La primera de ellas es el regreso, también para los europeos, de operaciones directa y abiertamente de combate en defensa de la seguridad y los intereses propios. Las operaciones de paz –iniciadas en los noventa con las labores de interposición en la ex Yugoslavia– han llegado a su fin, al menos como operaciones-tipo para las Fuerzas Armadas.
La segunda lección muestra los límites actuales del sistema de seguridad colectiva. En Libia y en Mali, la OTAN ha quedado como un instrumento secundario y auxiliar; la Unión Europea y su seguridad común simplemente se han volatilizado. La ONU, sin liderazgo americano entre las democracias, languidece como refugio de dictadores. En nuestro entorno, cada país está haciendo la guerra –nunca mejor dicho– por su cuenta.
Para España, esto significa tener que afrontar un nuevo entorno, con unas nuevas necesidades estratégicas y militares, con menor dependencia de los aliados y mayor responsabilidad. La seguridad de los españoles no es de la UE ni de Estados Unidos: es de los españoles. En esta línea avanza la Directiva de Defensa Nacional, sancionada por el presidente del Gobierno.
Lo cual se traduce en la necesidad de que, para servir al Gobierno, las Fuerzas Armadas deben enfrentarse a una enorme variedad de posibles operaciones, y deben hacerlo con agilidad, flexibilidad y una mayor capacidad para operar en solitario. El Estado debe tener un instrumento fiable, que responda a los requerimientos variables que exijan las crisis y lo haga con agilidad.
Nada de esto se lo proporciona actualmente el Ministerio de Defensa. El legado de veinte años de operaciones de paz y ocho de zapaterismo han convertido a las Fuerzas Armadas en un instrumento romo. Los recortes en el presupuesto –casi el 30% en los últimos cuatro años– han puesto a las Fuerzas Armadas en una situación de bancarrota. No hay dinero para adquirir material, ni para su correcto sostenimiento ni para un mínimo adiestramiento de las unidades. Con razón –y con mucha prudencia– sus autoridades, el ministro de Defensa y su secretario de Estado, alertan del peligro de tener unas fuerzas huecas.
Con todo, un presupuesto de menos de 6.000 millones de euros no es lo peor. No es poco dinero para garantizar un mínimo de seguridad a los españoles, al menos con unas capacidades que permitan cierto margen de actuación y cierta capacidad de disuasión. No es así: hoy las Fuerzas Armadas, su estructura, su armamento, su adiestramiento y sus infraestructuras, presentan graves deficiencias. Problemas que no tienen nada que ver con el presupuesto, y sí con el anquilosamiento de un departamento y una institución que funcionan con inercia burocrática y con años de retraso respecto a la realidad y al ritmo de reforma de nuestros aliados. Hasta tal punto es así que estamos convencidos de que con 2.000 millones más las Fuerzas Armadas seguirían siendo ineficaces.
La anunciada reforma del Ministerio de Defensa, por tanto, no es urgente para el Gobierno por motivos económicos, sino por motivos prácticos: las Fuerzas Armadas no son actualmente capaces de cumplir con las necesidades que se le pueden plantear al Gobierno. Han acabado por generar unas necesidades –a menudo poco confesables– de mantenimiento de su propia estructura que impiden que sus energías puedan dirigirse hacia las operaciones que debieran ser capaces de realizar.
Con este panorama, la peor decisión que podría tomar el Gobierno es reformar el Ministerio de Defensa con el único objetivo de reducir duplicidades y acabar con redundancias. De limitarse a esta reforma, motivada por la situación económica, España tendrá en los próximos años un instrumento que, por inútil, seguirá siendo muy caro. Y la reforma del Ministerio de Defensa seguirá pendiente.