Dentro del proceso constante de batasunización de la izquierda española en los últimos ocho años podemos observar que el primer salto cualitativo se produjo en Cataluña, donde sectores próximos al nacionalismo gubernamental acosaban y acosan a miembros del Partido Popular o de Ciudadanos por Cataluña. Esto no es nuevo, porque el nacionalismo catalán siempre ha tomado con simpatía al abertzalismo radical: las conferencias, charlas y homenajes a los dirigentes batasunos han sido habituales en los últimos treinta anos; además, claro está, de la existencia pasada del terrorismo nacionalista catalán, con puntos de contacto con el de la banda terrorista ETA. Por las mismas razones, el batasunismo ha gozado de las simpatías del nacionalismo gallego en las últimas décadas.

El caso de los incidentes de Zaragoza y Madrid muestra el peligro real de batasunizacion de parte de la izquierda española no nacionalista. En el primer caso se trata de la imitación de métodos y actitudes batasunos en regiones donde se ha introducido un nacionalismo artificial e irresponsable que ahora es difícil de frenar. Que exista un nacionalismo antiespañol en Aragón puede sonar a broma ridícula, pero lo preocupante es la asunción de comportamientos típicos del mundo abertzale exportados a otras provincias españolas al mismo tiempo que el nacionalismo antiespañol.

Las noticias nos muestran que los ataques se vuelven más virulentos allí donde el PSOE está al mando mediante "gobiernos de progreso" con fuerzas independentistas; la permisividad es mayor, como lo es en el País Vasco donde gobierna el nacionalismo. Lo cual nos lleva a la clave del asunto: el nacionalismo antiespañol –da igual en Cataluña que en Aragón o Cantabria– está siendo mimado y cuidado por la izquierda nacional –PSOE e IU, además de prensa, radio y televisión– al considerarlo parte de la familia progresista. De aquí proviene buena parte del problema: la sustitución en la izquierda de la legitimidad constitucional parlamentaria por la legitimidad popular-progresista o como quieran ustedes llamarlo. Aquella legitimidad que hace que el PSOE se siente con ERC, BNG, Chunta Aragonesista, NaBai o ETA, pero no con el Partido Popular.

Esta concepción del nacionalismo anticonstitucional como parte del bloque progresista tiene bastante que ver con lo acontecido repetidamente en los ataques en los hospitales madrileños al consejero de Sanidad. Este tipo de violencia hunde sus raíces presentes en el gran frente socialista, comunista, anarquista, independentista, sindicalista y abertzale creado contra el el PP durante la segunda legislatura y que funcionó a la perfección con ocasión de la guerra de Irak. Entonces el PP gobernaba con mayoría absoluta en España, con un éxito en la gestión y una victoria probable en 2004. Pero lo que unió a tan heterogéneo grupo no fue algo "político", fue el odio ideológico furibundo hacia el liberalismo y la derecha representadas por Aznar.

El mismo esquema se reproduce en el caso de Madrid. El PP de Esperanza Aguirre gobierna con mayoría absoluta, con una gestión ejemplar, eficaz y de un éxito electoral apabullante. La sanidad madrileña funciona bien y sobre todo mejor que la sanidad en cualquier comunidad donde manda la izquierda. Ante la imposibilidad de una oposición racional y concreta, ésta realiza una oposición ideológica, de rechazo radical y sin matices, al proyecto liberal y constitucional que Aguirre representa. No importa tanto la situación de la sanidad como el rechazo absoluto a la derecha. Rechazo que es lo que unió a todos en 2003 y que desde entonces les une en Cataluña, Galicia, Baleares o Aragón.

Instalados en el mismo odio hacia la derecha liberal que mueve a los independentistas catalanes cuando atacan a Albert Rivera o Sánchez Camacho, a los independentistas gallegos que arremeten contra los disidentes que defienden el derecho a la enseñanza en la lengua materna española o a los independentistas aragoneses que insultan a la Guardia Civil, la izquierda madrileña ha pasado también a incorporar métodos batasunos contra el Gobierno regional y su consejero de Sanidad.