La desaceleración económica que está viviendo España y a la que nadie aún se atreve a colocar la etiqueta de "crisis" pone de manifiesto numerosos desequilibrios que existían en nuestra economía y en nuestro tejido productivo que van mucho más allá de síntomas como el dato de déficit exterior. Pase lo que pase el 9 de marzo España se enfrenta a una situación difícil en la que está en juego volver a la senda del crecimiento o apearse de ella como en su día lo hicieron países como Italia o Portugal.
Las reformas que precisa nuestro país son varias, de distinto grado de dificultad pero lo que es innegable es que un Gobierno responsable debe hacerlas y asumir el coste. Aquí van algunas ideas.
En primer lugar hay que fomentar la competencia. Sin competencia interna no hay competitividad externa. Se trata de liberalizar, de reducir las barreras de entrada, de primar la entrada de nuevos operadores y de defender al consumidor, principal beneficiario de ello. Se ha relegislar para que los organismos reguladores se dediquen a supervisar y actuar sin interferencias ni objetivos políticos.
Por otra parte hay que reducir el gasto público y hacerlo más eficiente. España cuenta con más de 3 millones de funcionarios. Es necesario que se gaste menos y se gaste mejor el dinero de todos. Los recursos públicos deben ser empleados con eficacia y deben ser transparentes para todos.
Para lo anterior se precisa una reforma fiscal ambiciosa que conlleve una política de reducción del sector público. Se ha de tender hacía el tipo único que consolida sociedades más justas y con menos discriminación ya que la llamada progresividad se aplica ya en el gasto del Estado. La presión fiscal debe disminuir y se debe evitar que, como hasta ahora, el Estado ingrese más por la inflación a través de impuestos indirectos. Se ha de reducir el impuesto de sociedades para situarnos en la vanguardia europea y para que podamos seguir atrayendo capital exterior.
Además de todo ello, la transparencia en el uso de los fondos públicos debe ser mucho mayor y accesible a todos los ciudadanos. El dinero público, de todos, debe ser administrado con transparencia y con una clara responsabilidad del gasto.
Para incrementar la competencia es necesaria una reforma laboral de calado donde se prime la productividad y donde se defienda la valoración individual en detrimento de los convenios colectivos. Se ha de tender a una mayor capacidad de ajuste de la masa laboral con respecto a la demanda y, finalmente, se ha de abandonar la indexación de salarios con respecto a la inflación real ya que elimina los incentivos a la productividad y es claramente una medida que genera inflación.
Una economía moderna no está basada en la industria sino en el conocimiento y la innovación. España debe contar con sectores tecnológicos competitivos y, para ello es necesaria una política de innovación integral que no precisa más gasto público sino una mejora del nivel educativo, una apuesta por las universidades especializadas y por la excelencia académica.
Finalmente, y como cuestión prioritaria, se ha de reforzar la seguridad jurídica de España en general pero del ámbito económico en particular. Esto no sólo significa fortalecer la propiedad privada y garantizar los derechos de los propietarios sino, también, eliminar incertidumbres regulatorias, buscar marcos estables a largo plazo y apostar por la estabilidad.
Los retos no son pocos y, por supuesto, no están exentos del llamado "coste social". Asumir ese coste es el deber de quien aspira a ser un buen gobernante.
