Las últimas noticias de detenciones de etarras muestran que la Policía Nacional y la Guardia Civil se encuentran a pleno rendimiento en la lucha antiterrorista. Las fuerzas de seguridad hacen su trabajo, deteniendo terroristas y desmantelando comandos. Gracias a las FSE la banda está débil, con poco más de dos comandos operativos.
Esto es lo que esgrime el Gobierno como exigencia para que el Partido Popular apoye su política. Política que, por lo demás, es tan de apaciguamiento como antes: Zapatero habla de aplicar el bisturí dentro de ANV, poniendo paños calientes a lo que sería un golpe definitivo a la banda. Y es que respecto a ETA, Zapatero tiene todo un arsenal de excusas, pero ni una sola iniciativa para acabar con ella.
Esto ya lo hemos vivido: por un lado un discurso premeditadamente abstracto en materia antiterrorista, lleno de lugares comunes y desgastados, que cuando se concreta no lo hace o lo hace mal. Por otro lado, la exigencia al Partido Popular de apoyo a esta política, llena de agujeros negros. Entre éstos, el hecho de que el PSE está ya reuniéndose, que sepamos, con ETA-Batasuna a través del pacífico Otegi. No sabemos hasta dónde están llegando estas conversaciones, pero sí que han disparado los rumores y la sospecha entre aquellos más implicados en la lucha contra ETA; sindicatos policiales y víctimas de la banda. Como hace tres años.
Llama la atención que un presidente tan cuidadoso a la hora de elegir palabras, se escabulla continuadamente de cualquier dureza dialéctica ante la banda. Zapatero muestra toda su firmeza no para derrotar a ETA, sino para que ETA desaparezca, que es una cosa bien distinta. Ya nos gustaría que fuese tan claro respecto a ETA como respecto a la violencia doméstica o a los matrimonios de homosexuales.
La negativa de Zapatero a expulsar a ANV de los ayuntamientos muestra qué idea tiene de lo que debe ser la política antiterrorista. Respecto a ésta hay dos modelos, y sólo dos. El primero es el modelo constitucional, el que tradicionalmente ha defendido el Partido Popular: perseguir, detener, juzgar y encarcelar a los asesinos etarras. Y lo que es más importante, hacer lo propio con todos aquellos que escoltan a la banda. Esta estrategia incluye la política destinada a deslegitimar y perseguir al entramado mediático, institucional y social de ETA.
El segundo modelo es el de quienes creen que el problema de ETA es político, y que debe solucionarse políticamente. Por un lado está la propia banda, naturalmente. Su posición es nítida: si el Estado español quiere que la violencia desaparezca, deberá aceptar las aspiraciones de los terroristas. Por otro lado, están tanto los partidos ultranacionalistas (ERC, BNG, NaBai, EA) como los nacionalistas (PNV, CiU), que no desean la derrota de ETA, sino su desaparición mediante una negociación política en la que ellos están tan interesados como la banda, y en la que pretenden sacar partido. Ninguno de ellos ha escondido jamás su rechazo a las medidas políticas, judiciales y sociales que más daño hacen a la banda.
Lo novedoso y lo peligroso del asunto es que el PSOE de Zapatero se encuentra actualmente en esta posición. Por eso, desde 2004, la firmeza del Estado ante la banda ha disminuido. Desde que Zapatero desembarcó en La Moncloa con su ansia infinita de paz, la prioridad máxima del Gobierno español ha dejado de ser derrotar a ETA para convertirse en "lograr la paz y la convivencia entre los vascos". Lo cual no debe extrañar, porque en su diccionario la palabra "fuerza" ha sido sustituida por la palabra "diálogo".
Que los cuerpos de seguridad estén haciendo su trabajo nada dice de las intenciones del Gobierno. No existe ninguna contradicción entre la detención de comandos y la pretensión de dialogar ellos, como no la existe entre poner bombas y querer negociar con el Estado. Los dos modelos no admiten término medio: ¿Quiere Zapatero que el régimen constitucional aniquile definitivamente a ETA? Respuesta: No. Si existe un PSOE partidario de pactar con el PP y UPyD la derrota de ETA y el triunfo del régimen constitucional, ni está ni se le espera. Los socialistas pueden ofrecer como coartada el trabajo de las FSE, pero eso no esconde el hecho de que Zapatero mantiene hoy un discurso político idéntico al que le llevó a negociar con la banda, y que no es incompatible con la labor policial.
Por parte del Gobierno, ni una mala palabra ni una buena acción. Para los demás, sospecha e inquietud. Esto nos suena, porque esta incertidumbre ya la vivimos antes. Veremos si estamos regresando al futuro y el 2009 es realmente la continuación del 2007.