No deja de extrañar a muchos que la solución que se propone desde distintos ámbitos políticos para la crisis económica sea la de que los gobiernos gasten más. Incluso antes de la llegada al poder de la administración de Obama, ya en Estados Unidos se aprobó un llamado plan de estimulo millonario con el que se intentó reactivar la demanda. Ahí están los resultados.
Sin caer en el simplismo, a priori parece incoherente que una crisis que surge a partir de un exceso de endeudamiento se pueda solucionar precisamente con más endeudamiento por parte de las haciendas públicas. Se argumenta que se pretende alterar el equilibrio de recesión actual y sacar a la economía del círculo vicioso de desempleo, caída del consumo y falta de inversión. Es decir que la deuda privada de muchos agentes se trasladaría al Estado, mucho más capaz de asumir inversiones de gran escala con las que reactivar el consumo.
La realidad es que esto no será así. Como se puede apreciar desde hace años y en diferentes países como Alemania, Estados Unidos o España, un exceso de gasto público en época de crisis no sirve para estimular la economía y no hay mejor prueba de ello que el hecho de que con un déficit público creciente, la contracción económica y la destrucción de empleo son cada vez mayores.
¿Cuál es la solución? La más dolorosa de todas y la más impopular; la necesidad de hacer ajustes a todos los niveles pero, desde luego, empezando por la administración y por los presupuestos públicos. No se puede esperar una recuperación sin que exista una previa capacidad de los agentes económicos para ahorrar y posteriormente transformar ese ahorro en inversión y generar empleo. Esto no se puede producir en un entorno de exceso de gasto por parte del Estado y que sustituye a la iniciativa privada dañándola doblemente: por una parte tomando sus recursos mediante una presente o futura política fiscal confiscatoria y después por no permitir a la iniciativa privada llenar ese espacio económico mediante la eficacia y la eficiencia del mercado.
Para casi todos los políticos es mucho más fácil diseñar gigantescos planes de estímulo que aplicar medidas de austeridad. Los primeros les darán capacidad de influencia y popularidad, los segundos impopularidad y problemas. Lo malo es que, por desgracia y como nos ha enseñado la economía, los poderes públicos, el Estado, no pueden crear empleo. Es simplemente falso. Si los planes de inversión crean empleo, ¿cuánto paro generan la recaudación de esos impuestos para financiarlos? El empleo y la prosperidad la generan los agentes económicos mediante la asignación de recursos y necesidades en libertad y mediante el mercado. Si se confiscan recursos de los agentes económicos para los llamados planes de estimulo, se limitará la capacidad para la inversión, para la asunción libre de riesgos y para, en definitiva, reactivar la actividad económica productiva.
El momento actual no es el de realizar planes de estímulo sino el de incentivar a la iniciativa privada, el de incrementar la renta disponible de los hogares y empresas y, sobre todo, generando confianza para que a pesar de la lógica incertidumbre de la situación actual, se pueda iniciar la inversión. Esto sólo se puede llevar a cabo mediante una política fiscal que sea radicalmente distinta de la actual, que no tenga un carácter punitivamente confiscatorio hacia aquellos que mejor lo hacen y que beneficie y premie a los que más economía generan.
El déficit público sostenido tendrá el resultado contrario, desincentivará la inversión, creará una desconfianza hacía cualquier tipo de consumo ya que, racionalmente, los agentes económicos asumirán que ese exceso de deuda creada por los políticos habrá que pagarlo.
Los planes de estimulo globales alcanzan ya aproximadamente el 8% del PIB mundial, en algunos países, incluido España, se llegará a una situación de deuda máxima que harán necesarias medidas de restricción del gasto público y, todo ello, sin haber salido aún de la recesión económica y con necesidades crecientes de cobertura social.