El Congreso no está tan dividido por el partidismo como unido por la devoción a la práctica de proteger a los políticos en el cargo. El que, por ejemplo, se dediquen a gastar alegres y unidos el dinero de los presupuestos en proyectos locales para ayudar en su reelección resulta indecoroso desde cualquier punto de vista. Pero, a veces, la protección a los legisladores actualmente en el cargo también es inconstitucional.
En el 2002 el Congreso le daba los últimos retoques a la ley McCain-Feingold que regula y dosifica la libertad de expresión política controlando la financiación de la misma. En teoría, el propósito de la ley es combatir la corrupción o la apariencia de corrupción. Pero al restringir la cantidad y regular el contenido y el momento en que se puede emitir la expresión política, la ley le echa una mano a los políticos en el cargo, que son más conocidos que la mayor parte de los aspirantes, tienen más capacidad de recaudar dinero y disponen en exclusiva de la posibilidad de utilizar sus cargos para autopromocionarse: franqueo postal gratuito para los congresistas, proponer propuestas de ley, conferencias de prensa, C-SPAN, etc.
No satisfechos con semejantes ventajas, los legisladores añadieron a la ley McCain-Feingold la Enmienda de los Millonarios para castigar a los contrincantes ricos que se financian a sí mismos. La enmienda revela el cinismo que se esconde tras el falso idealismo de la lucha contra la corrupción en las campañas políticas.
La enmienda reza: cuando un candidato a la Cámara de Representantes que se autofinancie la campaña supere un umbral de gasto situado en 350.000 dólares, su contrincante recibe tres ventajas. En primer lugar, puede recibir donaciones por el triple del valor límite de 2.300 dólares por elección y donante. En segundo lugar, ese dinero triplicado no cuenta para los límites que se le imponen a los donantes para dar dinero a políticos en cada periodo electoral de dos años. En tercer lugar, se permite que el contrincante puede obtener del comité político de su partido fondos sin límite, que de otra forma estarían limitados de manera estatutaria. Las campañas del Senado están sujetas a provisiones similares, que son aún más generosas con los candidatos que se enfrentan a particulares ricos que se autofinancian.
En el 2006, Jack Davis, un rico demócrata de la zona de Buffalo, financió su campaña a la Cámara frente al representante Tom Reynolds que, habiendo servido durante cuatro mandatos y llegado a presidir el Comité Nacional Republicano del Congreso, está claro que sabe cómo recaudar dinero. Beneficiándose de las ventajas adicionales otorgadas por la Enmienda de los Millonarios, Reynolds ganó por un margen estrecho, 52 a 48.
Davis quiere que el Tribunal Supremo dictamine que la Enmienda de los Millonarios ataca inconstitucionalmente el derecho a la libertad de expresión política de la Primera Enmienda y viola la igualdad ante la ley. La Enmienda de los Millonarios no sólo hace ambas cosas, sino que desvela hasta qué punto la corrupción es una excusa.
En 1976, al someter a examen la ley de 1974 que restringe tanto las donaciones de campaña como los gastos, el tribunal estableció dos principios. En primer lugar, la corrupción se deriva de un acuerdo quid pro quo que vincula las donaciones con acciones particulares de un político en ejercicio. El segundo, dado que la corrupción se deriva de los donantes, las restricciones a los gastos son constitucionalmente mucho más problemáticas.
El tribunal observó que los candidatos que emplean su propio dinero reducen su susceptibilidad a las presiones de coacción, y por tanto sirven al propósito pretendido de regulación: evitar la corrupción. Así que el tribunal rechazaba los límites a los gastos personales de los candidatos y desechó como simplemente "auxiliar" el objetivo de "equiparar los recursos financieros de los candidatos". Además, en el 2001, el tribunal aprobó que se impusieran límites a los gastos coordinados por los partidos porque estaban "diseñados para socavar los límites de las donaciones". Con eso en mente, vuelva a leer cuatro párrafos más arriba la tercera provisión de la Enmienda de los Millonarios.
Así pues, esa enmienda castiga a los candidatos que utilizan su propio dinero, que no puede corromper a nadie porque se usa para financiar la propia campaña. Los candidatos así son penalizados por ejercer un derecho fundamental –la expresión política– que el Congreso no puede limitar constitucionalmente.
La enmienda hace esto incrementando el acceso de los candidatos enfrentados a candidatos ricos a lo que los autores de McCain-Feingold consideraron supuestamente la corrupción derivada del dinero -- donaciones políticas procedentes de donantes que pueden donar el triple de la cantidad que McCain -Feingold estipula que puede corromper (o en el caso de los candidatos al Senado, 6 veces esa cifra).
Además, los políticos electos se pueden beneficiar de la Enmienda de los Millonarios incluso al mismo tiempo que han amasado, como la mayor parte sabe, mullidos colchones de protección. Los autores de McCain-Feingold redactaron esta provisión al tiempo que simulaban reducir la influencia de los donantes, pero mientras que en realidad tomaban parte en la protección a los electos.
La apelación de Davis al Tribunal Supremo plantea: "Si la respuesta a la influencia corruptora de las donaciones para las campañas es la aplicación de límites uniformes, ¿cómo puede ser la respuesta a los gastos no susceptibles de provocar corrupción elevar los límites sólo a aquellos candidatos más susceptibles de ser corrompidos?" Si el tribunal responde razonablemente a esa pregunta acelerará el desenredo de McCain-Feingold, la ley más perniciosa –y para los políticos titulares, la más audazmente interesada– jamás decretada para las libertades de la Primera Enmienda. Mientras tanto, ambos partidos intentan reclutar cada vez más a candidatos que puedan autofinanciarse, porque "las reformas" que imponen límites al tamaño de las donaciones han incrementado el coste de recaudar fondos de campaña, en dinero y tiempo de los candidatos.
En 1976, el tribunal destacó lo crucial que es "que los candidatos tengan la oportunidad sin restricciones de dar a conocer sus opiniones". En el 2003, sin embargo, el tribunal le dio el visto bueno a los límites que McCain-Feingold imponía a la libertad de expresión política. El tribunal tiene ciertas contradicciones que corregir, y un motivo inmediato –la Enmienda de los Millonarios– para ponerse a ello.