Cuando los exclusivos grandes almacenes Bloomingdale's, Nordstrom y otros imanes para compradores pudientes abran sus puertas en la "aldea urbana" de CityNorth, hoy en construcción, de una forma u otra todos los contribuyentes de Phoenix estarán allí, ya que están aportando una subvención de 97,4 millones de dólares al constructor, afincado en Chicago, de este proyecto de 144 acres que también incluye viviendas, oficinas y hoteles.
Esta ayuda, que permite al constructor conservar el IVA de los primeros 97,4 millones dólares que gane por sus ventas, podría constituir una violación de la constitución del estado. Representados por el brazo legal del Goldwater Institute, seis contribuyentes propietarios de pequeños comercios sin subvención afirman que el donativo al centro comercial y residencial viola tres provisiones constitucionales.
En primer lugar, el artículo sobre privilegios y excepciones legales que estipula que el estado no puede conceder un privilegio o una excepción a un contribuyente sin una buena razón (una enorme laguna legal) a menos que se lo conceda a todos los demás. Otro artículo prohíbe las leyes que confieran ventajas especiales a una única empresa. El tercer, y más interesante artículo, es el conocido como "cláusula del regalo", que se supone levanta un muro de separación entre el Estado y las empresas al impedir que el sector público proporcione ayudas o préstamos, conceda subvenciones o entre en el accionariado de las compañías privadas. Este artículo, del cual hay variantes en la constitución de muchos otros estados, nació de ciertas experiencias aleccionadoras, pero tanto en Arizona como en otros lugares se ha visto viciado por el activismo judicial.
Los demandantes afirman con razón que el propósito original de la cláusula era sensato y que debería restaurado aplicando la ley de forma literal. Por su parte, el constructor dice, también con sensatez, que él llevó a cabo este proyecto de 1800 millones de dólares entendiendo que los acuerdos financieros alcanzados no serían alterados.
Los beneficios del constructor proceden principalmente de las viviendas y oficinas, pero lo que preocupa al ayuntamiento de Phoenix son sobre todo los impuestos por ventas procedentes de los comercios al detalle. El consistorio afirma, razonablemente, que el subsidio es necesario porque de lo contrario estaría llevando a cabo una especie de desarme unilateral: los barrios residenciales del extrarradio, compitiendo entre sí, están en posición de cosechar unos cuantiosos ingresos por IVA utilizando subvenciones para captar a las empresas y persuadirlas para que se ubiquen a un lado u otro de sus respectivos límites jurisdiccionales. Si la subvención por CityNorth no hubiera sido ofrecida, el promotor inmobiliario habría construido un proyecto distinto.
Este nuevo enredo se debe a una antigua y desacreditada práctica, el socialismo de estímulo. En el siglo XIX, los estados practicaban lo que ahora se llama "política de bienestar empresarial", que beneficiaba particularmente a las empresas de ferrocarril, y que podía crear o destruir granjas y pueblos enteros. Benjamin Barr, distinguido miembro del Goldwater Institute, escribe:
En 1837, Illinois invirtió 10,2 millones de dólares en mejoras internas, incluyendo 1341 millas de ferrocarril. Sólo se terminaron de construir 26 millas, lo que hizo que los intereses de la deuda pública superasen los ingresos del estado, con el resultado de poner sus cuentas en números rojos.
Arizona, que ya había realizado inversiones de dinero público carentes de previsión en empresas privadas, adoptó la cláusula del regalo en su convención constitucional de 1910. Pero la cláusula ha sido vaciada de contenido por las sentencias judiciales que permiten las relaciones entre el Gobierno y empresas cuando satisfacen el elástico criterio de poseer "una finalidad pública" u ofrecer "un beneficio público". El Tribunal Supremo de Arizona sostiene que el que una transacción gubernamental con una empresa privada viole la cláusula del regalo depende de "la motivación y el móvil de la transacción". ¿Entendido?
Así es como los tribunales debilitaron las restricciones de la Quinta Enmienda de la Constitución norteamericana, que regula cómo el Estado puede tomar propiedad privada "para fines públicos". Según su interpretación original, "fines públicos" significa obras públicas tales como carreteras, puentes o tribunales. Después, expropiar para arreglar edificios "en ruinas" (otro término elástico) también se convirtió en un fin público. Ahora la propiedad es expropiada y regalada a constructores porque estos pagarán más impuestos que su propietario original.
Negligencias judiciales similares han permitido a John McCain y a otros "reformistas" de la financiación de campañas electorales tragarse la Primera Enmienda: "El Congreso no redactará ninguna ley que restringa la libertad de expresión"... a menos que el Congreso decida que la intención de la ley es evitar la "corrupción" o su simple sospecha.
Los tribunales han malinterpretado la cláusula del regalo hasta anularla en la práctica, de forma que ahora los legisladores utilizan cualquier excusa, sin importar lo peregrina que sea, para declarar algo de utilidad pública y así justificar el uso de subvenciones y permitir la competencia de unas jurisdicciones contra otras por sus ingresos fiscales, o para legitimar la concesión de ventajas a intereses poderosos. Por ejemplo, el ayuntamiento de Scottsdale ha entregado 1,5 millones de dólares a los concesionarios de automóviles, algunos de ellos propiedad de empresas con ingresos de miles de millones, para gastos en marketing.
Hoy, los contribuyentes de Phoenix están pagando a un caro bufete de abogados para que defienda la constitucionalidad de su subvención a CityNorth. Quizá los tribunales, que al hacer picadillo la cláusula del regalo desataron la carrera por las subvenciones, puedan rectificar, tal como solicita el Goldwater Institute. Si no, los habitantes de Arizona podrían detener el socialismo de estímulo y obligar al desarme general de sus ciudades enmendando la cláusula con una redacción que se ciña a su espíritu original. La cura más eficaz para la política sin pies ni cabeza sigue siendo la política sensata.
