La noticia de que el Gobierno de Rajoy, tras recurrir el más reciente y no menos ilegal desafío secesionista ante el Constitucional, vuelve a destinar otros 3.034 millones de euros a los golpistas que gobiernan la Administración regional catalana debería haber copado las portadas en todos los periódicos.
La cosa, sin embargo, ha pasado, como tantas veces, vergonzosa y completamente inadvertida, gracias al victimismo de los nacionalistas, como, sobre todo, a la ilimitada hipocresía de Montoro, que pretende hacer creer –no sin cierto éxito– que esa ayuda extraordinaria está "condicionada" y no se destina a financiar el cúmulo de carísimas ilegalidades que entraña el proceso de construcción nacional de Cataluña.
Desde que en agosto de 2012 la Administración regional de Cataluña –ya en abierta rebeldía secesionista– exigiera "sin condiciones" los primeros 5.000 millones de euros al entonces recién creado Fondo de Liquidez Autonómica, el Gobierno de Rajoy ha venido financiando, de manera indirecta pero absolutamente decisiva, el carísimo proceso secesionista. Esa Administración golpista, entre desobediencia y desobediencia a nuestros más altos tribunales, ha venido recibiendo, año tras año, la mayor parte de esos fondos extraordinarios, de los que ya ha extraído más de 40.000 millones de euros.
La razón por la que el Gobierno de Rajoy va a seguir con el grifo abierto es la misma que expuse hace años en un artículo que llevaba por titulo "Por qué Rajoy financia el separatismo": el deseo de evitarse a toda costa el engorro que entraña el deber de intervenir la Administración regional de Cataluña.
Si no fuera por el decisivo papel que han desempeñado los fondos de liquidez autonómica, el Gobierno de Rajoy hace años se habría visto forzado a tener que suspender la autonomía catalana; no ya por sus continuas e impunes ilegalidades, sino por razones financieras.
A pesar de que las autonomías en España manejan más dinero del contribuyente que cualquier otra Administración regional del mundo, la catalana hace tiempo que habría entrado en suspensión de pagos a causa de los extraordinarios desembolsos que entraña la creación de estructuras de Estado y el sostenimiento de una red clientelar y propagandística al servicio de la causa secesionista.
El dinero es un bien fungible. Que la Generalidad acredite que los fondos provenientes del FLA han sido destinados a partidas legítimas sólo acredita que los secesionistas han destinado parte de sus millonarios recursos propios a atender los gastos del procés. La condicionalidad de los fondos no debe significar, pues, una aclaración contable a posteriori de las partidas de gasto a las que se ha dedicado el dinero del contribuyente –ya sean fondos propios o fondos extraordinarios provenientes del FLA–, sino un compromiso a priori de la Generalidad de renunciar, abierta y públicamente, al ilegal proceso secesionista iniciado en 2012.
El Gobierno de Rajoy, ya hace tres años, debería haberse negado a entregar un sólo euro extraordinario a la Generalidad mientras no abortara públicamente su ilegal desafío a nuestro Estado de Derecho. Eso, por no hablar de un plazo tasado adicional para que hiciera pública su renuncia a la creación de un Estado propio, cuya financiación seguiría siendo ilegal aun cuando corriese íntegramente a cargo de los recursos propios de la Generalidad.
Tres años después, el Gobierno de Rajoy sigue sin hacer una cosa ni la otra. Y lo sigue haciendo con el consenso de la oposición (incluido Ciudadanos) y el respaldo de la inmensa mayoría de los medios de comunicación.