A nadie debería sorprender que el PSC considere un "despropósito" el juicio contra Mas, Ortega y Rigau, si recordamos, entre muchas otras cosas, que los socialistas catalanes ya en 2010 pactaron con CiU su abstención a la primera investidura de Artur Mas sobre la base de hacer caso omiso a la ya entonces enésima sentencia del Tribunal Supremo que consideraba ilegal la inmersión lingüística que, a día de hoy, sigue perpetrándose en Cataluña. Eso, por no hablar del discurso del nuevo molt honorable, en el que el hoy acusado ya proclamó la "transición nacional" de Cataluña basado en esa ilegal engañifa del mal llamado derecho a decidir.
Antes de eso, al PSC también le debió de parecer un "despropósito" que a Pasqual Maragall se le escapara en el Parlamento autonómico aquella denuncia de la corrupción del 3%, si tenemos en cuenta que el socialista tuvo que retractarse pocas horas después.
El caso es que los mandatarios nacionalistas han gozado de tal impunidad, tanto a la hora de robar como a la hora de hacer caso omiso a cuanto se interpusiera en su ilegal proceso de construcción nacional, que cualquier intento, por pequeño, tardío y timorato que sea, de someter a alguno de ellos al imperio de la ley les parece un "despropósito" o una execrable "judicialización de la política".
El auténtico despropósito en este caso lo constituye, sin embargo, el tiempo que se ha tardado en juzgar una desobediencia tan clamorosa como la relativa a la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014. El despropósito es que esta causa se iniciara gracias a un fiscal general del Estado como Eduardo Torres Dulce, que vio oportuno dimitir tras ver cómo el Gobierno de Rajoy ofrecía una versión de los hechos que favorecía a los imputados, a quienes, al mismo tiempo, ofrecía diálogo y acuerdos. El despropósito fue que poco tiempo después la Fiscalía retirara la acusación de malversación de fondos públicos –único de los delitos penados con cárcel–, cuando era obvio que los costes de la ilegal consulta secesionista no los habían pagado los golpistas de sus bolsillos sino el contribuyente.
El "despropósito" es que sólo se juzgue la desobediencia del 9-N y no las numerosísimas desobediencias perpetradas por el Parlamento autonómico al dar trámite a las "leyes de desconexión" o al hacer caso omiso a otras sentencias relativas a las "estructuras de Estado" que la Generalidad viene ostentosamente haciendo caso omiso. El "despropósito" es que no se aplique el artículo 155 de la Constitución y, por el contrario, se deje a unos golpistas al frente de la Administración autonómica y en abierta y confesa rebeldía. El despropósito es que los costes del ilegal proceso separatista los esté pagando, de forma indirecta pero decisiva, el Fondo de Liquidez Autonómica. El despropósito es que ni siquiera se recurriera la creación en 2012 de una estructura de Estado como el "Consejo Asesor para la Transición Nacional" de Cataluña, cuyas pretensiones de hacer añicos la Constitución no oculta ni su nombre.
No sabemos si al PSC también le parecerá un "despropósito" el hecho de que Jordi Pujol todavía no haya sido juzgado, o que Puigdemont pretenda repetir el delito de su antecesor. Tampoco sabemos en qué acabará el juicio de Mas, Ortega y Rigau. De lo que podemos estar seguros es de que necesitaremos muchas más resoluciones judiciales –y que estas se hagan cumplir– para acabar con la impunidad a la que los nacionalistas se han acostumbrado.