Tras la detención de tres etarras llevada a cabo por policías franceses el pasado fin de semana, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que "no deja de ser significativo que (los detenidos) fueran armados y que llevasen material para construir explosivos, y evidentemente la gente de bien no va armada por la calle ni lleva material de esas características. A partir de ahí que cada uno saque sus consecuencias".
Entre los primeros que deberían extraer consecuencias o conclusiones del hecho de que los etarras llevaran armas y explosivos son quienes, como el presidente del Gobierno y el propio ministro del Interior, creen irreversible el cese de la actividad terrorista de ETA. Lamentablemente, sin embargo, Fernández Díaz tardó veinticuatro horas en aclarar que entre esas conclusiones no está la de que el Gobierno esté hoy menos convencido de que el cese de la banda sea definitivo.
No sé. A lo mejor, la conclusión que Fernández Díaz ha extraído del hecho de que los etarras fueran con armas y explosivos es que estaban reuniéndolas para hacer su entrega al Estado español, tal y como insistentemente el Gobierno de Rajoy viene reclamando a la organización terrorista. De hecho, la propia banda terrorista ya anunció en una entrevista en Gara, poco después de su anuncio de "cese definitivo", que "la cuestión de las armas está incluida en la agenda de la negociación entre ETA y el Estado, y estamos dispuestos a hablar de ello y también a adoptar compromisos, en la lógica de la solución de todas las consecuencias del conflicto". Eso, sin olvidar que todas las declaraciones, tanto del presidente del gobierno como del ministro del Interior, no se refieren desde entonces a la obligación de detener a los terroristas cuyos crímenes siguen impunes o de que todos ellos cumplan íntegramente su condena, sino la de pedir a los etarras que nos anuncien su disolución y que entreguen las "armas asesinas", que diría el Rey. A ello habría que añadir las palabras del ministro de Justicia a favor de una salida escalonada de los presos etarras que, a diferencia de las amnistías o indultos generales, Gallardón considera compatible con el Estado de Derecho.
No menos comentario merecen las palabras de Rajoy que, a raíz de las detenciones llevadas a cabo en Francia de etarras relacionados con el asesinato de un gendarme francés, nos ha asegurado que en España "el Estado de Derecho no está ni va a estar en suspenso". Me alegro sobremanera de que así sea, pero me permitirá Rajoy que lo crea con mayor fuerza cuando sean policías españoles los que detengan etarras; cuando, en lugar de hablar de circenses entregas de las armas, Rajoy nos hable de detener a los que las han utilizado; cuando en lugar de hablar de beneficios penitenciarios, el gobierno dé certeza y capacidad de disuasión a las penas. Eso, sin olvidar, que el Estado de Derecho no estará totalmente activo mientras siga en suspenso la burlada Ley de Partidos.