Hace ahora un año, el portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, denunciaba la incongruencia del Gobierno de Zapatero por mantener tropas en Kosovo, pese a no haber reconocido nuestro Ejecutivo la ilegal declaración de independencia de esta provincia hasta entonces serbia. Ciertamente, aquella declaración unilateral de independencia de 17 de febrero de 2008, que hizo su Gobierno provisional con el apoyo de Estados Unidos y parte de la Unión Europea, venía a trastocar moral, política y jurídicamente las obligaciones y responsabilidades originales del contingente de la KFOR en el que estaban –y siguen estando– integrados nuestros soldados. Así, la que fuera una misión de paz en un territorio bajo administración de Naciones Unidos pasó a parecer, más bien, una fuerza de ocupación destinada a someter a la minoría serbia a la política de hechos consumados de la mayoría albanokosovar.

Esto no quiere decir, naturalmente, que la reciente decisión de Zapatero/Chacón de sacar a los soldados no haya sido también, por tardía, una muestra insuperable de cómo no se deben hacer las cosas. Zapatero lo ha hecho tarde, pero sobre todo lo ha hecho rematadamente mal con ese inesperado y descoordinado anuncio, que ha pillado con el pie cambiado a nuestros aliados y a no pocos miembros de su propio Gobierno. Ciertamente la actitud de Zapatero, no debería ser minimizada como una mera cuestión de formas, tal y como oportunamente han señalado en este diario mis admirados analistas del GEES.

Ahora bien, tampoco el apoyo que los nacionalistas han brindado aquí a la decisión de fondo de retirar las tropas nos debería llevar a cuestionar la conveniencia de llevarla a cabo, naturalmente de forma graduada y coordinada con nuestros aliados, tal y como siempre ha defendido el PP. Y es que, como dice el propio GEES, "con España o sin España, los independentistas catalanes y vascos dieron saltos de alegría con el reconocimiento de Kosovo por parte de los americanos y una gran mayoría de europeos, incluidos muchos que también tienen nacionalismos centrífugos en su interior".

Lo que sí es importante es acabar con el aparente dilema que plantea la norma que proclama el carácter sagrado de la integridad territorial de los Estados con el "derecho de los pueblos a decidir por si mismos", base del falso derecho a la autodeterminación. Respecto a este último, no se trata tan sólo de señalar, tal y como hace GEES, el problema que plantea la definición de lo que es un "pueblo". Hay que advertir, tal y como hiciera el maestro Revel, que el derecho de los pueblos a decidir por sí mismos no puede significar en la práctica que cada minoría étnica, lingüística o religiosa disponga de un Estado independiente, sino que toda minoría disfrute de la protección de las leyes del Estado del que forma parte.

Ciertamente, el falso derecho de autodeterminación se contradice a sí mismo desde el momento en que se plantea como un derecho colectivo. La diversidad que se da en el conjunto, se da también en sus partes. Sólo como ejercicio solidario de las personas en defensa de sus derechos individuales puede tener sentido. Mas, en ese caso, sería una lucha por los derechos del hombre o del ciudadano, y no por los de ningún supuesto pueblo o nacionalidad. Ciertamente, si Kosovo, por ser de mayoria albanesa, puede independizarse de Serbia, ¿por qué no habría de poder hacerlo, a su vez, de Kosovo el norte de esa provincia que tiene mayoría serbia?

Al margen de que aquella realidad es totalmente diferente a Cataluña o el País Vasco, también podríamos señalar, sin embargo, que el derecho de autodeterminación de los vascos invalida ese mismo derecho de los españoles, mientras que el de los alaveses imposibilitaría, a su vez, el de los vascos. Eso, por no hablar de las imposibilidades que plantea el ejercicio de ese "derecho" si, como tal, fuera ejercitado periódicamente. ¿O es que sólo se va a plantear hasta que la parte secesionista consiga sus objetivos de independencia?

En lugar de diseñar nuevas fronteras territoriales, más le valdría a la comunidad internacional velar por que las ya existentes configuren a los Estados como Estados de Derecho, en los que nadie pueda ver mermados sus derechos individuales por pertenecer a una u otra minoría. Si no es para eso, nuestros soldados estarán mejor en casa.