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Guillermo Dupuy

Castigar lo que ya no es tiempo de impedir

Lo grave no es que el Gobierno no vaya impedir lo que ya no puede abortar. Lo grave es que tampoco lo va a castigar, sino a premiar.

Una cosa es impedir el delito (algo que necesariamente se tiene que hacer antes de que el delito se produzca) y otra castigarlo. Naturalmente que creo que el Gobierno de España podría haber impedido la ilegal consulta secesionista que se celebrará en Cataluña el próximo domingo. Creo que lo habría conseguido si el mismo día en que Mas le planteó elegir entre un mal llamado pacto fiscal o una consulta secesionista hubiera denunciado públicamente el chantaje y se hubiera comprometido a combatirlo política, jurídica y financieramente. Tan grave amenaza al interés general de España podría haber sido disipada de varias formas: supeditando cualquier auxilio financiero a la retirada de dicha amenaza y al acatamiento público de nuestro orden constitucional. También lo habría podido impedir recurriendo o simplemente mostrando su disposición a recurrir al artículo 155 de la Constitución. O advirtiendo a los impulsores del delito de las consecuencias penales que tendría el perpetrarlo.

El descerebrado de Rajoy, que no deja de serlo por su falta de valentía, prefirió desde el primer momento tratar el desafío secesionista como simple "algarabia" y dejó claro a los nacionalistas, también desde el primer momento, que al envite secesionista no le faltaría ni financiación ni impunidad. Eso, mientras negociaba bajo manga concesiones con el vano intento de intentar contentar a los que no se iban a contentar.

Ahora nada se puede hacer para tratar de impedir la ilegal consulta secesionista. A falta de ello, enviar la guardia civil a detener a funcionarios o ciudadanos catalanes que organicen y participen en el 9-N sería tanto como dejar impunes y en sus puestos a Milans del Bosch y Armada y condenar a los soldados que participaron bajo sus órdenes en el 23-F. Semejante disparate sólo es concebible por quienes se querían creer hasta hace dos días que esa ilegal consulta no se iba finalmente a celebrar.

Lo que sí se podría es castigar a los impulsores de la consulta por los múltiples delitos que su celebración comporta. Claro que con Rajoy al frente, los nacionalistas son los primeros en saber que tampoco eso se va a producir. Ellos aspiran a que Rajoy los premie.

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