Ignoro si una secreta aceptación nacionalista de una hipotética oferta de "no contemplar ni querer contemplar" la corrupción en el "caso Pujol", o la de una destinada a contemplar y reconocer "la singularidad de Cataluña" en una futura reforma de nuestra Carta Magna, permita a Rajoy afirmar que "ni contemplo, ni quiero contemplar un escenario distinto al de que Mas cumpla la ley". Esto es, en cualquier caso, lo que el presidente del Gobierno ha tenido la temeridad –más bien, poca vergüenza- de reiterar este lunes, una vez que el presidente de la Generalidad ha estampado su firma a un ilegal decreto de convocatoria de referéndum que hace caso omiso a la silenciada sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo que ya afirmaba taxativamente que "en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España".
No se si Mas desobedecerá también nuevos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que le vendrán a decir lo mismo que la sentencia mentada; pero, en cualquier caso, una golondrina no hace verano y una hipotética obediencia puntual de Mas no le convierte en un cumplidor de la ley. Con todo, no tengan ustedes la más minima duda de que, haga lo que haga el presidente de la Generalidad, el presidente del Gobierno seguirá "sin ver ni querer ver" un escenario distinto al de que Mas cumple la Ley.
De hecho, Rajoy no ha hecho otra cosa desde que llegó al Gobierno que negarse a ver cómo Mas se saltaba la ley. Ya en febrero de 2012, durante su primer encuentro como presidente del Gobierno, poco después de la enésima sentencia del Tribunal Supremo contraria a la inconstitucional inmersión lingüística que se perpetra en Cataluña, Rajoy se negó a reprochar, incluso a comentar, la desobediencia del presidente autonómico. Fue Mas quien, a preguntas de los periodistas, aclaró que no habían tratado dicho asunto porque el presidente del gobierno "sabe que hay líneas rojas y que es mejor no pisarlas".
Desde entonces y hasta ahora, Mas ha demostrado que es él, y no ninguna ley, tribunal o gobernante español el que marca las "líneas rojas" de lo que se puede o no hacer en Cataluña. Así poco importó que Montoro, en abril de 2012, advirtiera a los presidentes autonómicos de los mecanismos de "vigilancia, sanción e intervención" que contempla la ley de estabilidad presupuestaria. Ese mismo día, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, aseguró taxativamente que en Cataluña se haría caso omiso a esa ley y a sus topes de déficit público, tal y como, efectivamente, así ha sido desde entonces.
¿Y que decir de cómo Rajoy "no ha contemplado ni querido contemplar" la ya perpetrada financiación de ilegales estructuras de Estado, tales como una incipiente agencia tributaria propia o un Consejo Asesor para la Transición Nacional Catalana, que constituyen una malversación de fondos públicos mucho mayor que la necesaria para celebrar la consulta secesionista de marras? ¿Y qué decir de los millonarios agujeros contables de la Asamblea Nacional Catalana, institución supuestamente privada, ante los que el gobierno de Rajoy ni su obediente Fiscalía General del Estado tampoco han contemplado ni querido contemplar nada irregular?
Podríamos seguir con la reciente negativa, no sólo de la generalidad catalana, sino también del gobierno vasco y andaluz, a la hora de aplicar la llamada "ley Wert" para ilustrar la ceguera voluntaria del gobierno a la hora de no ver lo evidente. Y es que no hay mejor excusa para la renuencia del Gobierno a la hora de hacer cumplir la ley en Cataluña que "no contemplar ni querer contemplar" un escenario repleto de ilegalidades.