Ante cada nueva sediciosa ilegalidad que, tras consumar la anterior, los nacionalistas plantean, nuestra dormida España constitucional despierta amnésica, como si se tratara del primer paso que los nacionalistas perpetran en su ilegal proceso secesionista, para luego repetir los mismos errores y, finalmente, volver a caer en su catatónico letargo.
Buen ejemplo de ello son las declaraciones de este lunes de Pablo Casado, en las que el secretario de Comunicación del PP ha calificado de "desfachatez" que el Gobierno catalán plantee un "desafío" al Ejecutivo de Rajoy al tiempo que le reclama la mayor parte del dinero del Fondo de Liquidez Autonómica.
Si tenemos presente que, desde 2012 –año en que Artur Mas, tras un largo historial de desobediencias a nuestros más altos tribunales en materia lingüística, chantajeó a Rajoy y puso en marcha el proceso secesionista catalán–, la Administración regional en rebeldía ha venido recibiendo, año tras año, la mayor parte de esos fondos de liquidez autonómica, podrán ustedes comprender la caradura de Casado al hacer estas declaraciones.
Aún recuerdo al portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, exigir, en agosto de ese mismo año, los primeros 5.000 millones de euros "sin condiciones" al Gobierno central –luego vendrían muchísimos más–; como recuerdo las excusas que daba Rajoy para concedérselos, tal y como luego seguiría haciendo tras la desobedecida sentencia del Constitucional respecto de la declaración secesionista del Parlamento regional en 2013, o las no menos desobedecidas sentencias referidas a la ilegal consulta secesionista perpetrada el año pasado.
Desde 2012, algunos venimos denunciando cómo el Gobierno de Rajoy ha venido financiando, de manera indirecta pero decisiva, una proceso de construcción nacional en Cataluña que, además de ser radicalmente ilegal, resulta enormemente caro, pues exige el mantenimiento de redes clientelares en forma de fundaciones, empresas y medios de comunicación, así como la creación de incipientes estructuras de Estado que una Administración regional como la catalana no podría afrontar sin el auxilio financiero del propio Estado central.
Nuestra dormida España constitucional olvida, por ejemplo, que desde el año 2013 se creó en Cataluña, a cargo del contribuyente, un organismo como Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, cuyos ilegales objetivos secesionistas no los ha disimulado ni en el nombre. Es este organismo el que desarrolló las primeras hojas de ruta en forma de informes que ya habían planteado el propio Mas, un años antes, al plantear el mal llamado pacto fiscal como "herramienta de construcción nacional".
Lo peor de todo es que Casado, como Rajoy desde hace tres años, sigue justificando ese auxilio financiero a la golpista Administración regional sobre la base de que esos fondos son "finalistas", van dirigidos a gasto social, en beneficio de unos ciudadanos catalanes que no tienen culpa de que la Generalidad utilice sus recursos propios en sus ilegales menesteres secesionistas. Eso faltaba, que los fondos del FLA estuvieran condicionados a que se gastaran en embajadas, en la TV3 o en el desarrollo de la ya creada Agencia Tributaria de Cataluña. Lo vergonzoso, por el contrario, es que ese auxilio financiero por parte del Gobierno de Rajoy a la Generalidad siga sin estar condicionado al cese de sus ilegales desafíos secesionistas. Eso no es suplir, ni intervenir responsablemente, sino encubrir y posibilitar que los nacionalistas puedan seguir malversando cuantiosos recursos públicos en aras de un proceso radicalmente ilegal.
Pero en esas estamos y en esas seguimos. Esa va a ser la respuesta que el Gobierno de Rajoy, tras entrevistarse con Sánchez, Rivera y compañía, va a dar al más reciente, que no último, desafío de los separatistas: volver a convertirlos en los más privilegiados destinatarios del Fondo de Liquidez Autonómica. Y así hasta el próximo amnésico despertar.