No pidieron perdón, ni siquiera reconocieron como error la infamia cometida. Sin embargo, tratan como a insidiosos a quienes dudan de su supuesto propósito de enmienda. Así podríamos resumir y valorar los rotundos desmentidos que, tanto el ministro del Interior como el Gobierno vasco, han hecho este lunes de las informaciones que aseguran que ETA tiene abierta una vía de diálogo con el PSE.
Rubalcaba ha llegado incluso a leer una pequeña parte de un documento incautado a la banda en el que un etarra manifestaba literalmente el pasado verano que "no es que el PSOE no quiera la negociación –que no la quiere–, es que somos nosotros los que no la queremos con un representante del Estado así". Ni que decir tiene que Rubalcaba no ha explicado a qué supuesta "negociación" se refería la tan increíble como falsa negativa etarra: ¿a una negociación "limitada" a la impunidad de los presos? ¿A una que incluyera también un "avance" secesionista a través de una "reforma" del Estatuto de Guernica que sorteara los obstáculos constitucionales? ¿A una que incluyera también a Navarra?
Negar, sin más, que ETA quiera obligar a un gobierno español a sentarse a negociar es tanto como cuestionar la naturaleza terrorista de la banda. Los terroristas no matan por matar. Matan como medio para alcanzar una negociación en la que puedan forzar al gobierno a que les conceda determinadas exigencias. Ojalá fuese cierto que la actual estrategia del Gobierno de Zapatero es, tal y como ha dicho ahora Rubalcaba, convencer a los terroristas de que nunca jamás va a volver a haber un proceso de diálogo con ellos. Los etarras hace años que habrían dejado de matar si los gobiernos españoles, en lugar de dialogar con ellos, les hubieran convencido de palabra y obra, tal y como han hecho los gobiernos franceses, de que no tienen nada, absolutamente nada, de qué hablar con terroristas prófugos de la justicia, incluyendo la solemne memez esa de la "entrega de las armas" con la que encubren su oferta de impunidad.
A lo que no puede aspirar el Gobierno más felón de nuestra historia democrática, y el único que ha llegado a adquirir compromisos políticos con la banda terrorista a cambio de una tregua, es a que los ciudadanos y los etarras nos creamos esa novedosa y acertada estrategia antiterrorista cuando Rubalcaba la acompaña, además, de una clamorosa mentira como que los terroristas ya no buscan una negociación.
En cuanto al gobierno de Zapatero, por cierta e irreversible que fuera esta nueva política antiterrorista destinada a que ETA pierda toda esperanza, ¿cómo se atreve Rubalcaba a tratar como insidiosos a nadie cuando sigue formalmente vigente una resolución parlamentaria que, tal y como hacía el funesto Pacto de Ajuria Enea, contempla un "final dialogado de la violencia"? ¿Cómo se atreve, cuando él mismo en alguna otra ocasión se ha referido a la actual lucha policial y judicial contra ETA, no como algo irreversible, sino como una "fase de confrontación"? ¿Cómo se atreve cuando hace dos meses él mismo dijo que, tras el fin de la violencia para "erradicarla completamente" será necesario un "ajuste político"?
En cuanto al Gobierno vasco, tampoco voy a recordar lo qué decía Patxi López en los tiempos en los que "helaba la sangre" a la madre del asesinado Pagazaurtundua. Me refiero a la también preocupante "paz con generosidad" de la que nos volvió a hablar en su discurso de investidura como lehendakari. Me refiero también a sus declaraciones a la Ser del día posterior a su investidura, en las que, ante una nueva posibilidad futura de diálogo, aseguró que "la paz es el objetivo, y si tengo que arriesgar, arriesgaré".
No faltan en la hemeroteca declaraciones en este sentido, y que dejan en evidencia que los socialistas no han repudiado el paradigma del final dialogado de la violencia, como para que sea injustificada cualquier reserva ante su supuesto propósito de enmienda. Tampoco tiene valor probatorio alguno –tal y como sí pretende hacernos creer el comunicado del Gobierno vasco– "el hecho de que el Estado de derecho mantiene sin aflojar la lucha contra el terrorismo en todos los ámbitos". Este hecho no refuta en modo alguno la tesis de Mayor Oreja de que pueden haber negociaciones soterradas y paralelas a esa actuación del Estado de derecho y, sobre todo, no es demostrativo de que en el futuro esa lucha no pueda volverse a aflojar, tal y como de hecho ya ha ocurrido en el pasado.
Ojalá sea cierto que nuestros gobernantes no han vuelto ni pretenden volver nunca a las andadas. Pero todos los ciudadanos tenemos tanto el derecho como el deber de vigilancia para que nuestras elites mediáticas y políticas –no digamos ya la que representan personas como López o Rubalcaba– no vuelvan a dar esperanzas a una banda que mata con el objetivo de negociar. Aunque la infamia de Zapatero merezca capítulo aparte, no olvidemos que todavía está por llegar un gobierno que no encuentre motivo alguno para dialogar con los terroristas.