Pues menos mal que a los golpistas que rigen la Administración autonómica catalana les dio por sacarse de la chistera, allá por septiembre del año pasado, la convocatoria de una segunda consulta secesionista para otoño de este año. Si no es por esa alteración del viaje inicialmente diseñado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, buena parte de nuestra somnolienta, cuando no cómplice, clase política y periodística seguiría a estas horas dormida, manteniendo la ficción de que en Cataluña impera ese ordenamiento constitucional que los sediciosos gobernantes catalanes se vienen saltando a la torera y sin tapujos todos los días del año desde la Diada de 2012.
Lo cierto es que la desconexión catalana del ordenamiento jurídico español, la quiebra de nuestra nación entendida como Estado de Derecho o lo que, con retraso pero con acierto, Alfonso Guerra denominó "un golpe de Estado a cámara lenta" no radica en una puntual consulta ilegal como la del 9-N o la del 1-O, por muy graves que sean los delitos que implican su convocatoria y celebración. El golpe de Estado del nacional-catalanismo es un proceso, no un puntual y pasajero delito de desobediencia, de malversación o de prevaricación en forma de consulta soberanista. Dicho proceso sedicioso y golpista asienta de hecho sus bases en una adulteración de instituciones y competencias legalmente encomendadas a la Administración regional, adulteración tolerada desde mucho antes de 2012, como es una educación y una radiotelevisión públicas dedicadas a la propagación de la ignorancia, el desprecio y el odio a España y la erradicación del derecho a estudiar en español. A partir de 2012 lo que se produce por parte de los mandatarios autonómicos es la inauguración pública de un procés que no pararán "ni tribunales ni constituciones", en el que la Administración regional catalana se ha permitido pública y reiteradamente demostrar que no obedece ninguna resolución judicial contraria al proceso que, desde entonces, se está dotando de ilegales estructuras de Estado; estructuras de Estado y resoluciones parlamentarias ilegales que han conllevado, por cierto, mucha mayor desobediencia y malversación de fondos públicos que las que requiere la convocatoria y celebración de consultas ilegales como la del 9-N o la del 1-O.
Este proceso por el que una independencia alcanzada de facto reclama el reconocimiento de una independencia de iure ni empieza ni se acaba el 1 de octubre. La independencia de iure de Cataluña, con absoluta independencia –valga la redundancia– de lo que ocurra el próximo domingo, no la puede instaurar el delincuente de Puigdemont al frente de la Generalidad sino Rajoy al frente del Gobierno del Reino de España. Sólo si el Estado español proclamase la independencia de Cataluña puede entrar en escena la Unión Europea, a modo de primo de Zumosol, contra un secesionismo que ya no sería el de los nacionalistas catalanes, sino, ay, el del Gobierno de España.
Lo que nos jugamos, por tanto, desde hace años no es la creación en Cataluña de un Estado independiente en forma de república; lo que nos jugamos es si los sediciosos detentadores de una Administración regional van a seguir comportándose como si fueran los gobernantes de un Estado soberano e independiente. Dudo mucho de que en las escuelas de una hipotética república catalana independiente se erradicara más el español en la enseñaza y se educara más en el odio a España que lo que se hace desde hace décadas en la Cataluña que desde su nacimiento fue parte de España. Otorgar la independencia de iure a Cataluña no es, ciertamente, la solución, pero vive Dios que tampoco es el problema. El problema es un Estado español diría que fallido o, cuanto menos, con una clase política asombrosamente torpe, cuando no renuente a la hora de proteger las fronteras más preciosas de su nación, que son aquellas que la configuran como Estado de Derecho.
El problema es creer que, desarticulada la ilegal consulta del próximo domingo, se desarticula ese golpe de Estado en forma de procés cuyas nóminas y costes, incluyendo las adulteradas competencias, como la educación o las subvenciones a la radiotelevisión pública catalana, o ilegales estructuras de Estado como las embajadas catalanas, las va a abonar, ya directamente, el ministro Montoro. El problema es una Constitución que no se cumple ni se hace cumplir; el problema es la total oposición de una clase política a toda reforma constitucional encaminada a retirar las muchas y contraproducentes concesiones que en el texto del 78 se hicieron a los nacionalistas con el vano intento de que se sintieran a gusto con un proyecto común y que han servido para dinamitarlo. Ese es el verdadero golpe de Estado y al que, mucho me temo, nos hemos acostumbrado.