Resulta lamentable que, en nuestro país, se pueda privar de libertad a una persona por un delito por el que todavía no ha sido condenada, como es el caso de la prisión preventiva, y, sin embargo, no haya una medida cautelar en principio mucho menos lesiva para el acusado como sería la privación preventiva de su derecho al sufragio pasivo. Nada sería, sin embargo, más necesario en estos momentos, dada la irresponsable decisión del Gobierno de Rajoy de no esperar siquiera al juicio de los golpistas catalanes para convocar nuevas elecciones autonómicas; decisión que nos aboca no sólo a que los cabecillas del golpe puedan presentarse –incluso ganar– las elecciones del próximo 21 de diciembre, sino al riesgo de que reincidan en el delito una vez llegados a la poltrona.
Y esto es así porque, en el caso que nos ocupa, el riesgo de reincidencia en el delito, que se debe valorar a la hora de adoptar las medidas cautelares, no lo procura tanto la puesta en libertad bajo fianza de los acusados como su vuelta a los cargos públicos, único lugar desde donde podrían volver a las andadas, a la espera de juicio por los que ya están acusados. En este sentido, considero mucho más plausible la puesta en libertad bajo fianza de Carmen Forcadell, ordenada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera, que la puesta en libertad del mayor Trapero, ordenada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando el Gobierno aún no había cesado a sus superiores jerárquicos y cabecillas del golpe en aplicación del 155.
En cualquier caso, creo que el mayor riesgo que nos acecha no es que los cabecillas del golpe vuelvan a las andadas por una vía abiertamente insurreccional hacia la independencia, sino que se avengan a las nauseabundas ofertas de mejora de financiación y reforma constitucional que les ha brindado el Gobierno de la nación sin la menor critica de los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos.
A ello apuntan no sólo las declaraciones del portavoz de ERC, que ha admitido que el Gobierno autonómico "no estaba preparado para la independencia", sino las de Puigdemont, que ha descartado la secesión afirmando que "otra relación con España es posible".
Para quienes ni siquiera nos parece admisible la cuasi independencia de facto que ha gozado la Cataluña nacionalista durante tantos años, esta aproximación de los golpistas a las ofertas que les brinda nuestra infausta clase política constitucionalista nos debería preocupar mucho más que los autos judiciales, que lo único que han tomado en consideración hasta la fecha –y creo que con cierto– es la adopción de medidas cautelares a la espera de juicio.
Frente a ese riesgo, lo único exigible es la celebración de un juicio cuanto antes y el rechazo a toda reforma constitucional que no tenga por objetivo la retirada de las, más que estériles, contraproducentes concesiones que se hicieron en el 78 a los nacionalistas. Sin olvidar –eso sí– que esa vuelta a la normalidad, por la que tantos abogan, ha tenido como gran rasgo distintivo la impunidad de los nacionalistas, impunidad que ha sido vista con tanta normalidad como su erradicación del español en la enseñanza o su adoctrinamiento en las escuelas y medios de comunicación públicos.