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Entregan armas para sacar presos

Es un numerito propagandístico que nunca dejará de serlo por la cantidad o calidad del armamento que entreguen quienes huyen de la Justicia.

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Nada que objetar a que la Audiencia Nacional se disponga a analizar las armas que los terroristas de ETA tengan a bien entregar mañana en Bayona si es únicamente con la finalidad –tal y como se dice– de verificar si dichas armas pueden contener pruebas o evidencias que ayuden a esclarecer multitud de asesinatos que siguen impunes y a detener a los terroristas que siguen en libertad.

Si, por el contrario, la investigación tiene por objeto algo tan necio como ver el buen o mal estado de las armas, o si estas pueden corresponden a la totalidad o sólo una parte del arsenal de la organización terrorista, la Fiscalía y la Audiencia Nacional no van a hacer más que poner en valor un numerito propagandístico, que nunca dejará de serlo por la cantidad o calidad del armamento entregado por quienes huyen de la Justicia.

Bien es cierto que los primeros en poner en valor la entrega de las armas, así como el no menos circense anuncio por parte de la propia organización terrorista de su propia disolución, han sido y, en parte siguen siendo, los políticos y los medios de nuestro país, siempre dispuestos a conceder a los terroristas beneficios penitenciarios –incluso la impunidad– a cambio de que dejen definitivamente de matar.

Lo que un Gobierno, en cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre, debe hacer es desarticular las organizaciones terroristas, deteniendo a los que siguen prófugos de la Justicia y, si se da el caso, requisando unas armas que nunca se disparan solas. Por ello siempre me ha resultado surrealista ver cómo nuestros gobernantes pasan la responsabilidad a los terroristas pidiéndoles que sean ellos los que entreguen las armas y que sean ellos los que anuncien su propia disolución.

En ningún ordenamiento jurídico del mundo se exige a los gobernantes que pidan a las organizaciones delictivas que se disuelvan o que entreguen las armas que puedan tener en su poder. Lo que sí se tipifica como delito –al menos en nuestro supuestamente vigente artículo 408 de nuestro Código Penal– es "la omisión del deber de perseguir delitos y a sus responsables", omisión del deber en el que han incurrido nuestros gobernantes, como mínimo, cada vez que dialogaban con terroristas prófugos de la Justicia con la excusa de constatar su supuesto deseo de dejar, temporal o definitivamente, su criminal y mal llamada "lucha armada".

Visto lo visto, nada me resulta, por tanto, más oportuno que el manifiesto Por un fin de ETA sin impunidad, suscrito, entre otros, por mi casi siempre admirado Fernando Savater. Recuerdo perfectamente que hace 12 años este gran filósofo se opuso a una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra la negociación con ETA, convocada pocos días después de una infame resolución del Congreso favorable al diálogo con la banda. Savater trató de justificar su oposición a esta encomiable manifestación por una conversación mantenida con el entonces presidente del Gobierno, Zapatero, en la que este le había asegurado haber recibido una oferta de ETA para dejar las armas "sin letra pequeña y sin contrapartidas políticas, con la única condición de que se dé salida a los terroristas presos".

Poco puedo añadir al editorial que este periódico le dedicó entonces a Savater. Lo único que me toca decir es que este sabio, que ya lo era cuando cometió aquel lamentable error, ha sabido corregirlo, tal y como ha hecho con muchos otros cometidos a lo largo de su larga y fructífera trayectoria intelectual.

Con todo, no sé si Savater considerará "concesiones políticas" a ETA hechos que se han producido desde entonces, como la neutralización de la Ley de Partidos y de la sentencia de ilegalización de Bildu, o la derogación, a instancias de ETA, de la Doctrina Parot, facilitada en Estrasburgo por negociadores de Zapatero como los que, a su vez, habían negociado con la banda terrorista.

Lo que es seguro, visto el encomiable manifiesto que ahora él ha firmado, es que Savater ya considera una concesión política inaceptable estar dispuesto a que un Estado de Derecho ofrezca impunidad a unos presos a cambio de lo que hagan, o dejen de hacer, los terroristas que siguen en libertad.

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