Dada la claridad con la que Artur Mas lo planteó públicamente hace más de dos años –o pacto fiscal o consulta soberanista–, el presidente del Gobierno no tuvo más remedio que hacer como que rechazaba el chantaje, confiando en que la vista gorda ante el déficit catalán, la tolerancia a la desobediencia de la Generalidad a las sentencias del Tribunal Supremo en materia lingüística y una financiación extraordinaria a cargo de los Fondos de Liquidez Autonómica bastarían para calmar la rebelión y para que las aguas volviesen a su cauce.
Una vez, sin embargo, que se constató que la apuesta de Mas no era una simple "algarabía" y que lo de la consulta separatista no era un farol, el irresponsable de Rajoy tardó bien poco en recular y ofrecer, a través del PP catalán, lo que no era sino una forma poco maquillada de ceder al chantaje planteado por el presidente catalán. Así, el PP presentó a inicios de este año un documento en el que planteaba un nuevo y "singular" modelo de financiación para la Generalidad, muy en la línea del mal llamado "pacto fiscal", con la ilusa pretensión de desactivar con él la declaración de soberanía acordada entre CiU y ERC.
El documento proponía que la Generalidad dispusiera de Hacienda propia y reclamaba un nuevo incremento de los impuestos cedidos y una mayor participación de la Generalidad en los impuestos estatales. Al margen de hablar en términos bilaterales, de igual a igual, cuando se refería a las fórmulas de colaboración entre la "Agencia Tributaria de Cataluña" y la llamada "Agencia Estatal de la Administración Tributaria", el documento del PP catalán criticaba el "exceso redistribucionista" y los actuales "mecanismos de nivelación", que merman la "capacidad de crecer y competir".
Lo que Alicia Sánchez Camacho ha planteado ahora supuestamente a la dirección nacional del PP no es más que el desarrollo de esa rendición propuesta a principios de año, que tiene, tanto entonces como ahora, el previo visto bueno de Mariano Rajoy. Y es que Sánchez Camacho será absolutamente incapaz de articular un discurso alternativo y combativo al nacionalismo, pero también es absolutamente incapaz de tener iniciativa propia como para plantear algo sin el visto bueno de Rajoy. Cosa distinta es que Cospedal quiera marcar distancias ante el lógico hartazgo que esta corrupción ideológica en beneficio de la Generalidad causa a otros barones regionales del PP y a todo su electorado.
En cualquier caso, lo propuesto por el PP de Cataluña, lejos de refutar lo de "Espanya ens roba", fortalece y hace suyo el victimismo de los nacionalistas. Así, en lugar de aclarar que no hay Administración regional en Occidente que maneje una proporción tan alta de los impuestos que pagan los ciudadanos como la que manejan las autonomías españolas, Sánchez Camacho –léase Rajoy– propone una financiación todavía mayor para la Administración catalana y que, para colmo, sería "singular"; esto es privilegiada y distinta a la que tienen las demás.
En lugar de denunciar el despilfarro de los nacionalistas y lo caro que resultan sus delirios identitarios, sus redes clientelares y su obsesión por que la Administración autonómica se dote de estructuras de Estado, Sánchez Camacho –léase Rajoy– nos quiere hacer creer, al igual que los nacionalistas, que el problema no está en el exceso de gasto autonómico sino en la falta de ingresos.
Bien me parecerían las críticas de Sánchez Camacho –léase de Rajoy– a una "solidaridad fiscal", ciertamente, mal entendida si no fuera porque esa redistribución forzosa no la padecen los territorios sino las personas.
Lo que es evidente es que Sánchez Camacho (léase Rajoy) es incapaz de hacer frente al desafío secesionista si no es mediante la cesión, tratando vanamente de intentar contentar a los que no se van a contentar. Como ya les ha advertido ERC, esta propuesta "llega dos años tarde".
Lo que, desde luego, no llega nunca es la disposición de este desnortado PP de dar la batalla de las ideas y de sofocar política, económica y legalmente este clamoroso desafío a la nación española y a su Estado de Derecho. Y eso, desde luego, no es culpa de Sánchez Camacho, sino de Rajoy.