Nada me gustaría más que Garzón mantuviera abierto el caso del chivatazo policial a ETA e incluso "tirara de la manta", tal y como plantea alguna optimista hipótesis que se ha hecho a raíz de la escandalosa solicitud de la Fiscalía de archivo de la causa. Por mucho que, efectivamente, esta vía pudiese ser para Garzón una vía de presión al Gobierno en unos momentos en los que, procesado por prevaricación, corre el riesgo de ser apartado de la carrera judicial, todos debemos ser conscientes de que este juez ni ha "resucitado" ni ha "reabierto" nada en torno a la causa para la que ahora el fiscal ha pedido el sobreseimiento. A lo único que prácticamente se ha limitado ahora Garzón, tras tener esta causa en el cajón del olvido –no sin antes haber apartado a la Guardia Civil de la investigación y haber exculpado al ex jefe de seguridad del PSOE, Fernando Mariscal– es a firmar el pasado lunes un auto en el que advierte a las dos acusaciones populares personadas en el caso –Dignidad y Justicia y la AVT– de que no pueden revelar aquellos datos "que comprometan la seguridad del Estado". Así, Garzón ha prohibido a los abogados de las víctimas del terrorismo "efectuar copias, fotografías o cualquier otro procedimiento mecánico de reproducción de las actuaciones", al tiempo que les recuerda "la obligación que tienen de no publicar ni facilitar la publicación o acceso de datos que puedan afectar a la seguridad del Estado y sus agentes en el ámbito de la información o investigación de actividades antiterroristas".
Sorprende la diligencia y el cuidado que ha mostrado este juez para que no se produzcan filtraciones de este caso, que tanto contraste ofrecen con su escaso interés en evitar las numerosísimas filtraciones a la prensa que se han producido de sus actuaciones en búsqueda de la posible corrupción de los miembros del principal partido de la oposición. En cualquier caso, este interés de Garzón por mantener el caso al margen de la prensa ya se detectaba, según ha publicado ahora El Mundo, en el momento de hacer interrogatorios a los agentes, a quienes al margen del asunto de las llamadas, les preguntaba si habían tenido algún contacto con periodistas.
Por otra parte, y en el contexto de la negociación que en esos momentos tenía el Gobierno con los terroristas, recuerdo que se produjeron algunas silenciadas protestas en el ámbito judicial a raíz de los bochornosos llamamientos del fiscal general del Estado en favor de que jueces y fiscales "no evitaran ensuciar sus togas con el polvo del camino" o en los que se consideraba que "la ley no tenía por qué ser obstáculo para los procesos políticos". Recuerdo concretamente la protesta que hizo un siempre sorprendente Carlos Dívar, quien en esa ocasión valientemente equiparó esos llamamientos de la Fiscalía a "una especie de incitación a la prevaricación". Sin embargo, no recuerdo la más mínima objeción de Garzón a un proceso que, cuanto menos, consistía en tener contacto y ofrecer impunidad a unos criminales prófugos de la Justicia. Por el contrario, y tal y como señalé en un articulo anterior, recuerdo el respaldo de Garzón a este "proceso" sobre la base de que "por la paz hay que hablar hasta con el diablo".
También es verdad que el interés de Garzón por despejar las incógnitas en torno a la "guerra sucia" de los GAL descendió con ocasión de su candidatura como número dos por Madrid en las listas del partido que entonces lideraba Felipe González. Ese interés, sin embargo, ciertamente se reavivó en tiempos en que era evidente que no iba a ser nombrado ministro de ese Gobierno. Sin embargo, y visto los antecedentes de Garzón entorno a la "paz sucia" de Zapatero, dudo mucho que sin presión mediática de por medio éste vaya a llegar muy lejos para saber quién fue el que, por esa paz envilecida, no tuvo reparos en telefonear al "diablo".
PS: No quiero dejarme en el tintero mi objeción a esos titulares que hablan del "presunto chivatazo policial". De presunto, nada. Por mucha presunción de inocencia que gocen los imputados, ese chivatazo se produjo, abortó una operación en marcha contra la extorsión de ETA, y partió de policías o servidores del Estado. Y esto es así no ya porque los que perpetraron el chivatazo se identificaran como tales, sino porque lo que transmitieron al aparato de extorsión de ETA era una información de la que sólo tenía conocimiento la policía y sus superiores.