No voy a esperar a que la Audiencia Nacional dicte sentencia para denunciar el paripé en que se ha convertido el supuesto juicio del llamado caso Faisán. Algunos ya lo han hecho parcialmente al denunciar la incoherencia de un fiscal que, al mismo tiempo que se muestra convencido de que Pamies y Ballesteros actuaron cumpliendo ordenes de sus superiores, sólo ha pedido para ellos una leve condena por "revelación de secretos" que difícilmente les llevará a tirar de la manta, tal y como sí hizo "Amedo en los GAL".
Ahora bien, para mí, la mayor incoherencia del fiscal, y lo que más desacredita al tribunal y al simulacro de juicio al que hemos asistido, es que nadie haya pedido la comparecencia de Manuel Gómez Benítez, actual vocal del CGPJ. Fue este emisario del Gobierno de Zapatero ante la ETA quien, según actas incautadas a los terroristas y en manos de la juez Levert, puso en valor la comisión de este chivatazo como prueba de la voluntad del Gobierno de Zapatero de proseguir las negociaciones con la banda terrorista.
Si la Fiscalía –y en ella incluyo al fiscal general del Estado– hubiera estado realmente interesada en no cerrar el caso en falso, no sólo habría solicitado una condena por colaboración con banda armada –algo que Bautista sólo ha hecho, finalmente, de manera subsidiaria–, sino que habría exigido el esclarecimiento de este asunto, decisivo para determinar si Pamies y Ballesteros actuaron o no por cuenta propia.
El problema está en que el caso Faisán no deja de ser sólo un capítulo de un proceso de paz que fue, todo él, un inmenso y prolongado proceso de colaboración con banda armada y de omisión del deber de perseguir delitos y delincuentes, del que tampoco fueron ajenos el encubrimiento, la prevaricación o, en cierto sentido, incluso, la financiación ilegal. Y para juzgar todo esto, tal y como advertí en su día, no hay tribunales en España.
Ese escepticismo aun fue a más al oír a Fernández Díaz, en el momento de asumir su cartera, decir:
Para que lo sepa todo el mundo, que me consta que el Ministerio del Interior en ningún momento ha dejado en suspenso el Estado de Derecho.
Ojalá me equivoque, pero dudo mucho de que la inminente sentencia de la Audiencia Nacional me haga recuperar la confianza en la justicia.