El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto este lunes diligencias para investigar el homenaje a la colaboradora de ETA, Laura Riera, convocado para el próximo sábado en el barrio barcelonés de Gracia, y ha solicitado informes a las Fuerzas de Seguridad para tratar de determinar si podría ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Es difícil de imaginar que semejante acto pueda constituir otra cosa si tenemos en cuenta que ya en la propia convocatoria del mismo se califica de "presa política catalana" a quien, según la sentencia que la condenó, no tiene más "mérito político" que haber facilitado a la banda terrorista, desde su puesto de administrativa en la base de datos de Tráfico del Ayuntamiento de Tarrasa, el número de matrícula de varios objetivos de ETA, entre ellos el del vehículo del concejal del PP de Viladecavalls Francisco Cano, que fue asesinado con una bomba-lapa en su coche el 14 de diciembre de 2000.
Lo que resulta verdaderamente sorprendente es que desde el Ayuntamiento de Barcelona se escuden en el supuesto hecho de que no tienen "constancia oficial" de la próxima celebración de este acto, cuando lo cierto es que ha sido organizado por la Coordinadora de Fiestas Populares (CFP), está convocado en la plaza Raspall de Barcelona y forma parte del programa alternativo de las fiestas de Gràcia, según consta en la Programación de la Fiesta Mayor de 2010 de la Comissió de Festes Populars. Eso por no hablar de la web y de los carteles que lo publicitan por la ciudad y las protestas que, antes de la intervención de la Fiscalía, habían llevado a cabo representantes del PP, de Ciutadans y de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia.
¿Es que acaso en Barcelona se pueden organizar sin licencia actos en plazas públicas y convocar marchas por calles adyacentes con antorchas encendidas, tal y como en homenaje de esta y de otras colaboradoras de ETA, han anunciado que van a hacer los organizadores del acto? ¿Se habrían cruzado de brazos el alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, o el consejero de Interior, Joan Saura, tal y como han hecho en esta ocasión, si el asesinato en el que colaboró esta "presa política", en lugar de ser de un concejal del PP, hubiera sido de alguno de sus hijos?
Por mucho que desde el Ayuntamiento o desde la Generalidad se excusen ahora diciendo que no han concedido licencia para ese repugnante homenaje, que evidentemente constituye en sí mismo un delito de enaltecimiento del terrorismo, no podemos, desgraciadamente, sino dudar de su condescendencia. Entre otras cosas, porque en este asunto llueve sobre mojado. Ya el pasado mes de febrero, y en un espacio municipal como son las cocheras de Sants, se celebraron unas "Jornadas Antirrepresivas" en las que también se rindió un homenaje a dos colaboradores de ETA, Zígor Larredonda y Diego Sánchez, condenados en el mismo juicio que envió a prisión a Riera.
No nos enredemos pues en si se ha concedido o no licencia para estos actos de apología del terrorismo. Denunciemos, que no es poco, que los proetarras, simplemente, no la necesitan.