Si esperpéntica puede resultar la noticia de los tres presos que para fugarse han aprovechado el cándido permiso que les habían concedido para visitar el Forum de Barcelona, mucho más funestas y dramáticas resultaron las declaraciones de este mes de agosto de la Directora General de Instituciones Penitenciarias que nos anunciaban la intención del Gobierno de “abaratar” todavía más la concesión del tercer grado a los delincuentes para —según ella— “resarcir a sus víctimas” y, de paso, aligerar la población penitenciaria que se apiña en nuestras cárceles.. Como recordarán, la Sra Mellizo nos hizo públicas sus disparatadas intenciones el mismo día que un encarcelado aprovechaba un permiso para coser a puñaladas a su mujer.
Menos mal que, entre tanto escándalo político-judicial, por lo menos este jueves hemos conocido la noticia de que la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha elevado de siete meses a un año la propuesta de sanción para el juez Ruiz Polanco por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias judiciales y que conllevó la puesta en libertad de un etarra que debía haber permanecido en prisión provisional.
Considerando que el buen funcionamiento de la Justicia es un pilar fundamental para el bienestar y la libertad de los ciudadanos, siempre me ha llamado la atención esta clamorosa y frecuentísima irresponsabilidad de la que gozan los jueces a la hora de no afrontar las consecuencias de sus erráticas decisiones o las de su mal proceder profesional.
Los retrasos indebidos por los que se pretende elevar la sanción al juez Ruiz Polanco, con todo, no son nada comparado con las deliberadas y casi nunca sancionadas decisiones de puesta en libertad de delincuentes ya juzgados que, sin haber llegado a cumplir su pena, son puestos en la calle donde vuelven a cometer nuevos delitos. Por estos delitos habrá nuevamente que pedir responsabilidades al delincuente, pero también se deberían exigir al juez que decidió ponerlo en la calle antes de tiempo.
Si censurable es el proceder de Ruiz Polanco por no haber atendido a los plazos, mucho más catastrófica son los de los jueces que deliberadamente dejan en libertad provisional a peligrosísimos delincuentes bajo exiguas fianzas al no tener presente el riesgo de fuga, o la de aquellos jueces de vigilancia que, ninguneando la función punitiva y disuasoria de las penas, conceden permisos y concesiones de tercer grado que reclusos ya condenados aprovechan para reinsertarse en el delito.
Si hay que tener presente las nefastas consecuencias de la dilación judicial, insistimos, también habrá que hacerlo con los estragos de esa pseudofilosofia progresista que apuesta todo a la reinserción y nada a la disuasión, y que brinda una injusta generosidad al delincuente cuya factura no pagarán ni los jueces que la brindan ni tampoco la nueva directora general de Instituciones Penitenciarias...