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La Fiscalía y el derecho de Artur Mas

Todos tenemos derecho –incluido Artur Mas- a saber si los convocantes de ese ilegal referéndum separatista van a gozar o no de impunidad.

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Vale. Está muy bien que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, haya abierto un expediente de remoción del cargo del fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, por sus recientes y bochornosas declaraciones sobre la consulta secesionista que pretende perpetrar el gobierno de Artur Mas. Ahora bien, estoy seguro de que el fiscal superior de Cataluña jamás se hubiera atrevido a echar flores a ese monumental desafío a la soberanía nacional y a nuestro ordenamiento jurídico que constituye la consulta de Mas -como tampoco se hubiera permitido asesorar a los separatistas de cómo plantearla para camuflar su evidente ilegalidad-, si su superior jerárquico, Torres-Dulce, ya se hubiera previamente pronunciado sobre la decisiva cuestión de si el referéndum ilegal anunciado en Cataluña conlleva o no sanción penal para sus convocantes.

Y es que, como ya hemos señalado en alguna otra ocasión, todos los españoles –incluido Artur Mas- tenemos derecho a saber si los convocantes de ese ilegal referéndum separatista van a gozar o no de impunidad. Rajoy hasta la fecha no ha dicho nada más que el Estado español no va a conceder efectos jurídicos a los resultados de esa consulta; pero en un Estado de Derecho digno de ese nombre no basta con no reconocer efectos jurídicos al delito. Además de eso, se supone, hay que castigarlo.

Yo creo que si Torres-Dulce no se ha pronunciado todavía de forma clara, firme y concreta al respecto es para no incomodar a un presidente del Gobierno que disfraza su falta de resolución política con los ropajes de la prudencia y que no se atreve a advertir del delito de usurpación de atribuciones, de prevaricación y de desobediencia en el que Mas incurría en caso de celebrar una consulta de esas características. Rajoy lo máximo que dice es que "cumplirá y hará cumplir la ley"; pero ahí está para desmentirlo la impune desobediencia a las sentencias del Supremo respecto de la ilegal inmersión lingüística, sentencias que hasta la fecha sólo han servido de papel higiénico para los gobernantes nacionalistas.

Por mucho que aplaudamos a Torres-Dulce por su decisión de destituir al fiscal superior de Cataluña, el fiscal general del Estado es uno de los máximos responsables de que Artur Mas se crea –con razón o sin ella- que no se juega sentarse en el banquillo por celebrar su desestabilizadora e ilegal consulta separatista.

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