Desde que el golpista que rige la Administración regional catalana anunciara solemnemente el pasado viernes la pregunta y la fecha de celebración de la nueva y no menos ilegal consulta secesionista del 1-O, el Gobierno de la Nación ha pasado de no querer ver nada en este enésimo desafío a nuestro Estado de Derecho –"El anuncio no se traduce en nada; los pensamientos son libres", Méndez de Vigo dixit– a ver en él algo distinto a lo que en realidad es, como sería la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas.
Naturalmente, el futuro siempre está abierto, pero querer ver en el anuncio de la comisión del nuevo delito el posible anticipo de unas elecciones –cosas, por lo demás, perfectamente compatibles– ya son ganas de no querer ver el problema para, sobre todo, ocultar el hecho de que el Gobierno de la Nación no tiene solución.
Mal está que el portavoz del Gobierno no informe de cómo piensa impedir esta nueva consulta ilegal, que, como también dijeron de la anterior, "no se va a celebrar" porque "es ilegal". El hecho de que el anuncio de Puigdemont no se haya plasmado todavía en un decreto de convocatoria y que por ahora sólo sea, ciertamente, un "anuncio verbal" no deja de ser un argumento de leguleyo destinado a retrasar por un tiempo que los españoles nos sumemos a los separatistas catalanes en la carcajada que provocará el anuncio de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional.
Además de que el ordenamiento jurídico penaliza la comisión del delito en grado de tentativa, son muchas las cosas que el Gobierno, con la ley y la Constitución en la mano, puede hacer, jurídica pero sobre todo económica y políticamente, para evitar que unos golpistas que llevan a gala sus reiteradas desobediencias a nuestros Altos Tribunales violen, una vez más, nuestro Estado de Derecho. Evitar, como disuadir, consiste precisamente en eso, en anticiparse a la comisión de algo para que no llegue a producirse.
Claro que más bochornosas han sido las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría este lunes en Los Desayunos de TVE en las que, además de mostrar su convencimiento de que todo responde a un calentar de motores para la celebración de unas próximas elecciones autonómicas, ha afirmado con impostada firmeza: "Los gastos que conlleva el referéndum tendrían que salir del bolsillo de sus convocantes porque el Gobierno, no permitirá que sea a costa del erario público".
Pero ¿en qué quedamos? Ya es surrealista que la vicepresidenta nos hable de los gastos que va a ocasionar algo que, según ella misma, no se va a producir. Pero su desfachatez supera todo listón al decirnos que el Gobierno no va a consentir que los gastos del 1-O sean a costa del erario público, cuando eso mismo es lo que el Gobierno de la Nación, entre otras cosas, consintió con la celebración del 9-N. Aquel referéndum ilegal se sufragó con el erario público, como se han sufragado las embajadas catalanas destinadas a "la internacionalización del conflicto", la ilegal Consejería de Exteriores, el incremento presupuestario de la TV3 justificado por su "destacado papel en el desarrollo de la recuperación de nuestro autogobierno y en el proceso de construcción nacional", el embrión de una ilegal Agencia Tributaria propia, el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña y otras no menos ilegales estructuras de Estado, cuyo sustento no ha salido, precisamente, del bolsillo particular de los separatistas.
El Gobierno de Rajoy, sin embargo, no sólo no ha instado un solo procedimiento judicial por malversación de fondos públicos por los gastos que viene ocasionado el ilegal proceso de secesión iniciado en 2012, sino que, desde entones, ha venido cubriendo los agujeros que este ha dejado en las cuentas de la Generalidad a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Eso, por no recordar que fue la propia Fiscalía del Estado, al dictado del Gobierno, la que bochornosamente retiró la acusación de malversación de fondos en el juicio por la consulta del 9-N, proceso que terminó en farsa y que en su día se puso en marcha únicamente gracias a la iniciativa personal del anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que no por nada presentó poco después su dimisión.
En cualquier caso, y como no me cansaré de repetir, quien rehúye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto o más que quien lo perpetra. Por lo que no nos extrañe que gobernantes tan gallináceos a la hora de velar por el imperio de la ley en Cataluña jueguen al avestruz.