Si el Gobierno llegare a prescribir nuestra medicina y nuestra dieta, nuestros cuerpos estarían bajo custodia, como lo están ahora nuestras almas
Thomas Jefferson
La ministra de Sanidad ha querido acompañar la reforma de la ley antitabaco, aprobada hace escasamente tres años y medio, con un gran número de falsedades tales como que esta prohibición total es equiparable a la que impera en prácticamente toda Europa, o como la de que la inmensa mayoría de los españoles están a favor de dicha reforma, o como la de que los hosteleros no han hecho todavía reformas para habilitar zonas de no fumadores, y si las han hecho, ya las han amortizado.
El club de fumadores por la tolerancia ya ha emitido un elocuente video en el que, con datos contrastables, refuta una a una todas estas falsedades, por lo que no me extenderé en ellas. Prefiero centrarme en otra cosa, que también me ha llamado la atención con ocasión de esta polémica reforma. Me refiero al escaso sentido de la propiedad privada y el poco respeto a esta institución esencial, no sólo para la prosperidad, sino también para la libertad y la convivencia de los ciudadanos, que destila toda esta agresiva normativa y que hemos podido detectar incluso entre los detractores de la misma.
Decía Ortega y Gasset que el "orden no es una presión que se ejerce desde arriba a la sociedad sino un equilibrio que se suscita en su interior". Las sociedades libres, ciertamente, disponen de muchos recursos e instituciones, tales como la propiedad privada o elementales normas de cortesía, para que los ciudadanos articulen de muy distintas formas su convivencia sin necesidad de sufrir en su forma de vida coactivas injerencias por parte del Estado. La ley que tiene por objetivo preservar la libertad de los ciudadanos y evitar la agresión de terceros es también esencial para lograr ese "equilibrio". El problema surge cuando se utiliza la Ley, no para preservar la libertad de los ciudadanos, sino para garantizar su salud, su bienestar o su felicidad, expropiando así la responsabilidad que al individuo le corresponde en estos menesteres.
Muchos hosteleros critican con razón el atropello jurídico y el gasto económico que padecen con esta reforma que ahora prohíbe áreas para fumadores en sus locales después de haber sido obligados hace tres años y medio a condicionar zonas para los dos colectivos dentro de sus locales. También critican con razón las pérdidas que van a sufrir en sus negocios al prohibir a muchos de sus clientes fumarse un cigarrito después de comer, bebiendo una copa o tomando un café. Pero raramente apelan frente a esa normativa a sus derechos como propietarios de dichos locales, ni reivindican su soberanía sobre lo que se puede o no hacer en su propiedad, a la que a nadie se le obliga a entrar. Por mucho que esos locales estén abiertos al público no dejan de ser privados.
Los partidarios de la prohibición total suelen tratar a los fumadores como alguien que invade y cercena con su humo derechos de los demás. Pero la realidad es que son ellos los que agreden los derechos de los demás imponiendo su dieta vegetariana a los dueños y los clientes de las hamburgueserías. Son ellos los que invaden los espacios con humo y los que quieren llevar su derecho a no respirarlo fuera de su jurisdicción.
Lo paradójico de esta liberticida normativa es que es muy probable que tenga como consecuencia lo que algunos ya han bautizado como el "cigarrón", en referencia no muy exacta al conocido fenómeno del "botellón". Y es que por prohibir el humo en el interior de locales privados, la vía pública se llenará, con mucha probabilidad, de gente que salga a fumar ocasionando ruidos y molestias para los vecinos, que sí constituyen una agresión a sus derechos y a su propiedad.
Son las paradojas de este Estado terapéutico y paternalista que cercena la libertad en nuestro propio bien.