Una vez que el Gobierno del PP ha dejado, por fin, de encubrir el incumplimiento catalán de los objetivos del déficit –incumplimiento del que el Gobierno de Artur Mas tanto se ha estado jactando públicamente–, queda por saber cuál va a ser la excusa oficial de Rajoy para dejar en papel mojado las medidas de intervención contempladas en su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Supongo que la excusa del PP pasará a ser la de un incumplimiento generalizado por parte de las autonomías, al que bien se podría sumar el de la propia Administración Central. A la espera de confirmarse la excusa oficial para no hacer cumplir la ley tampoco en este asunto, ya podemos analizar, sin embargo, las razones que ha dado el Gobierno del PP para seguir justificando su persistente pasividad ante el aun más grave desafío secesionista.
La excusa no es otra que el hecho de que la declaración aprobada en el Parlamento autonómico, que proclama al pueblo catalán "sujeto político y jurídico" y que reitera la determinación de convocar una consulta soberanista, carece de efectos jurídicos, por lo que no sería necesario recurrirla ante los tribunales ni proceder contra un ilícito que todavía no se ha producido, como es la convocatoria firme o celebración de esa ilegal consulta secesionista.
Mucho se podría alegar contra esta peculiar forma de entender las cosas, según la cual tampoco se tendría que proceder judicialmente contra el ladrón, puesto que la ley no reconoce efectos jurídicos a la transmisión de propiedad mediante el robo. Sin embargo, lo pertinente en estos momentos no es tanto reprochar al Gobierno de Rajoy que no recurra esa proclama soberanista como que todavía siga sin advertir a Mas de las consecuencias penales que tendría la celebración de la consulta de marras. Y es que el hecho de que el delito todavía no se haya producido no es impedimento sino la mejor razón para lanzar un dilusivo aviso a navegantes.
¿De cuándo acá el cacareado "momento procesal" es excusa para no advertir públicamente del delito y de la pena a las que se enfrentarían quienes celebrasen esa ilegal consulta secesionista? La disuasión del delito ha de ser, por definición, previa a la comisión del mismo. Lo que ocurre es que nos negamos a aceptar, tal y como ya advertí en noviembre, que Rajoy "no va a hacer nada más que dejar sin efecto jurídico el resultado de ese delictivo referéndum, pero preservando la impunidad de sus convocantes".
Los poco despiertos analistas que persisten en excusar la pasividad del Gobierno con la bobada de que todavía "no es el momento procesal" verán que tampoco lo será una vez que el presidente catalán haya convocado y hasta celebrado la ilegal consulta de marras. Sencillamente, quieren creer que el problema es sólo catalán. Pero el problema está esencialmente en Madrid. Y lo está más en Moncloa que en Zarzuela.