De todos es sabido que Rajoy utilizó la "mala herencia" dejada por Zapatero como excusa para justificar el clamoroso incumplimiento de su promesa de no subir los impuestos. No voy a insistir ahora en el hecho de que la cacareada y, ciertamente, desastrosa herencia dejada por el anterior presidente del Gobierno –con la decisiva corresponsabilidad, por cierto, de las comunidades autónomas, mayoritariamente gobernadas entones por el PP– podía ser excusa para muchas cosas, menos para llevar a cabo una política continuista. Ahora tan sólo pretendo denunciar cómo el líder de Ciudadanos también está utilizando la misma mala excusa de la "mala herencia recibida" para retirar la mayor parte de su prometida rebaja del IRPF y justificar la subida del Impuesto de Sociedades.
No seré yo el que niegue el agujero de este Gobierno del PP, partido que ha incumplido todos los años los objetivos de reducción del déficit, aun después de renegociarlos al alza con Bruselas, y que ha terminado por dejarnos el mayor nivel de endeudamiento público de los últimos cien años. Y no voy a negar que sea más honesto por parte de Ciudadanos retirar la promesa antes de las elecciones que incumplirla después en plan puñalada por la espalda.
Sin embargo, no por ello la de Albert Rivera deja de ser una mala excusa: lo que imposibilita la rebaja de impuestos, ahora como hace cuatro años, no es tanto la mala herencia recibida de Zapatero y Rajoy como la absoluta renuencia de nuestra clase política socialdemócrata a la hora de reducir el gasto y someter a nuestro voraz y sobredimensionado sector público a una drástica cura de adelgazamiento.
Si resulta lamentable constatar que Ciudadanos renuncia a ser una alternativa liberal a la socialdemocracia dominante –socialdemocracia de cuyos polvos, por cierto, vienen o vendrán los lodos del populismo–, más triste por novedoso resulta ver a esta formación no defender una reforma de nuestro insostenible modelo autonómico –tal y como otrora hiciera el PP de FAES o la UPyD de Rosa Diez–; o no hacer mención al vulnerado derecho de estudiar en español en toda España; o secundar la financiación, indirecta pero decisiva, que Rajoy viene brindando desde 2012 al onerosísimo proceso secesionista en Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
En este sentido, la excusa de Albert Rivera para justificar que esta Administración regional en rebeldía haya sido todos los años la principal destinataria de esos fondos extraordinarios no puede ser más rajoyesca. No otra cosa es afirmar que suspender esa financiación sería "tomar a los catalanes como rehenes políticos".
Quien toma por rehenes políticos a los catalanes es quien, por no intervenir la Administración autonómica, permite la malversación de fondos públicos en aras de un ilegal proceso secesionista. Frente a eso, lo que tiene que hacer cualquier Gobierno nacional con un elemental respeto a la nación entendida como Estado de Derecho es garantizar que los recursos propios de cualquier Administración pública vayan destinados a las competencias que tienen legalmente encomendadas, no a cubrir con fondos extraordinarios los impagos dejados por quienes destinan esos recursos propios a crear ilegales estructuras de Estado y a cebar el movimiento secesionista.
Sigo pensando que, sin una alternativa liberal a la socialdemocracia dominante, la llegada del populismo es cuestión de tiempo, y que, por ello, no hay nada más prioritario que liberar al PP de la corrupción ideológica que le ha impuesto el rajoyismo. Pero cada vez dudo más de que el voto a Ciudadanos sirva para provocar una catarsis en aquel partido envilecido.