Por mucho que Zapatero y Rajoy –todavía al frente del gobierno y de la oposición, respectivamente– se limitaran a calificar de "buena noticia" el nauseabundo y chantajista comunicado en el que ETA tuvo a bien cambiar el calificativo de su "alto el fuego" de "permanente" a "definitivo", la organización terrorista fue muy clara –siempre lo ha sido– al vanagloriarse de su historial criminal, o al denigrar nuestro Estado de Derecho como "represivo", o al reclamar la "resolución de las consecuencias del conflicto" como condición para lo que denominó "la superación de la confrontación armada".
En este sentido, los terroristas encapuchados fueron cristalinos al reivindicar el Acuerdo de Guernica –que la propia ETA había impulsado meses antes–, en el que, además de medidas políticas orientadas a la neutralización de la Ley de Partidos y a la "autodeterminación", se exigía "como primer paso hacia la amnistía" la adopción de una serie de medidas que condujeran a "la ausencia total de presos/as y exiliados/as a consecuencia del conflicto político". Entre estas medidas graduales en el ámbito penitenciario, los etarras reclamaban "el traslado de presos/as a Euskal Herria finalizando la practica de la dispersión" y "la liberación de presos/as con graves enfermedades".
Teniendo en cuenta la nueva burla a la Ley de Partidos, y cómo se van atendiendo los requerimientos etarras en el ámbito penitenciario, no nos debe extrañar que la banda y sus voceros tengan motivos de satisfacción, o que consideren que el "proceso" está "bien encaminado", tal y como ha asegurado el beneficiado torturador de Ortega Lara, Josu Uriebetxebarria Bolinaga.
Claro que más irritante que la satisfacción de ETA y de su brazo político resulta la forma con la que el gobierno del PP disfraza su política de apaciguamiento como si de un imperativo legal o humanitario se tratara. Así, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Leopoldo Barreda, ha asegurado que el "plan de retorno" de etarras fugados no hace sino "actualizar" una "actitud permanente" de los gobiernos, basada en que "la democracia siempre tiene las puertas abiertas para quienes quieran abandonar ETA".
Para Barreda, el referido plan sólo significa que "quienes no tengan responsabilidades puedan regularizar su situación, y quienes tengan responsabilidades pendientes con la Justicia, evidentemente, han de rendir cuentas ante la Justicia de forma inevitable para regularizar su situación".
Pero ¿a quien pretende engañar? Es evidente que todos los etarras que están exiliados o fugados –como se prefiera– lo están por algo, y ese algo no es otra cosa, precisamente, que sus causas pendientes con la Justicia, empezando por la de pertenencia a banda armada. Es obvio que ningún etarra va a regresar voluntariamente si antes no se le ha rebajado o suprimido el peso de aquello que le hizo huir: la Justicia. Para eso el anterior y el actual gobierno pusieron en funcionamiento la vía Nanclares. Para eso disfrazan de reinserción la impunidad.
¿Y qué decir de la forma con la que el PP nos vende como "imperativo legal" o "gesto humanitario" la concesión del tercer grado al torturador de Ortega Lara, que tanto nos recuerda al gobierno de Zapatero cuando justificaba la liberación del etarra De Juana Chaos?
Dice Basagoiti: "Es repugnante lo que ha hecho Bolinaga, pero en estas cuestiones no se hace lo que el cuerpo le pide a uno, sino lo que dicen la ley y la democracia". Como si la ley, en lugar de permitir en algunos casos, obligara a excarcelar a criminales enfermos que no han cumplido su pena; como si los 800 presos comunes que, desde 2005, han muerto entre rejas o en hospitales asociados a centros penitenciarios fueran víctimas de nuestras vísceras.
¿Y qué decir del titular de La Razón, "El gobierno aprobará la prisión perpetua para terroristas en septiembre", con el que Gallardón y Marhuenda disimulan la política de apaciguamiento del ejecutivo? Dado que no se puede aplicar con carácter retroactivo, lo único que pretende este palo futuro a ETA es ocultar la actual zanahoria que se le está regalando.
Mientras el gobierno silencie y oculte el chantaje al que nos sigue sometiendo ETA –no con huelgas de hambre, sino con sus nauseabundos comunicados de tregua– tendremos el derecho y el deber de pensar que está dispuesto a ceder ante él. Y Bolinaga y los suyos seguirán teniendo motivos para considerar que el "proceso" está "bien encaminado".