Naturalmente que los encargados de ilegalizar formaciones políticas no son ni la Abogacía del Estado, ni por supuesto el Gobierno, sino los tribunales, tal y como dice Rubalcaba. Lo que no dice este inmenso caradura es que ningún tribunal en España puede ilegalizar formación política alguna si no se lo solicitan órganos que sí son dependientes del Gobierno como son la Abogacía y la Fiscalía General del Estado. Y esto es lo que ha pasado esta semana, que el Gobierno, tal y como hiciera hace cuatro años con ANV, ha impedido que el Tribunal Supremo enjuicie si Bildu debe ser ilegalizada por ser continuadora o sucesora de las ya ilegalizadas HB-EH-Batasuna.
Para disimular esa falta de iniciativa, lo que ha hecho el Gobierno, tal y como hizo hace cuatro años, es autorizar a la Abogacía del Estado que plantee ante el Tribunal Supremo la impugnación, no de la formación política en su conjunto, que es el cauce que contempla tanto la Ley de Partidos como la sentencia de ilegalización de Batasuna, sino de las listas o candidaturas que consideren que estén contaminadas por la formación ilegalizada, lo que multiplica la posibilidad de que los proetarras puedan colarse sin poder el Tribunal Supremo impedirlo.
Desde que se tienen pruebas de la participación de Batasuna en la formación de esa coalición y en la elaboración de sus listas, es evidente que toda ella pasa ser instrumento que trata de eludir la exclusión legal de los proetarras.
La desfachatez de Rubalcaba va, en este punto, en aumento al señalar que Bildu no se puede ilegalizar por ser "una coalición". Sin embargo, la Ley de Partidos entiende como tales no solamente a los partidos políticos propiamente dichos, sino también a las federaciones, agrupaciones de electores o coaliciones de partidos. Por otra parte, sería delirantemente absurdo que una ley y una sentencia por las que se declaró ilegal una coalición como fue originalmente Herri Batasuna no pudiera aplicarse ahora contra Sortu por el hecho de ser también una coalición.
Lo que desde luego no es la ley de partidos es una ley de listas ni de candidaturas. Sin embargo, el Gobierno parece decidido a repetir la jugada de ANV, a pesar de que esta demuestra, no ya en la teoría, sino en la práctica, que fue la vía por la que se colaron a los proetarras.