Me sorprendió negativamente la esperanzadora acogida que mi admirado Luis del Pino dispensó el pasado domingo 22 de octubre a una "aplicación del articulo 155" de la Constitución como la aprobada por el Senado el día anterior, a pesar de que dicha suspensión de la autonomía –abiertamente en rebeldía desde 2012– no tenía otro objetivo que celebrar unas elecciones autonómicas en Cataluña, a lo más tardar en el próximo mes de abril.
No menor asombro me ha causado, sin embargo, su reacción de este sábado a la noticia de que esas elecciones autonómicas se van a celebrar el 21 de diciembre, dentro de menos de dos meses. Naturalmente, celebro que D. Luis vuelva a su encomiable crítica a nuestra funesta clase política y que considere un despreciable simulacro de aplicación del 155 el destinado a convocar elecciones autonómicas en diciembre, cosa que a mí ya me lo parecía aun cuando dichos comicios se hubiesen celebrado en abril. Lo que me preocupa es que Luis del Pino afirme que los cabecillas del golpe, como supuesta contrapartida a esa ridículamente breve suspensión de la autonomía catalana, no hayan perpetrado en realidad una delictiva declaración de independencia, sino tan sólo una "aparente" declaración de la misma. Dicho de otro modo y en sus propias palabras:
cuando se presente la querella por rebelión, habrá argumentos a los que la defensa pueda agarrarse para decir que, en realidad, no ha habido ninguna rebelión, porque no ha habido declaración de independencia como tal.
Me preocupa que D. Luis considere que la aprobación por parte del Parlamento catalán de una declaración que literalmente dice "CONSTITUÏM la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social" no es, en realidad, lo que es porque, entre otras razones, "nadie salió al balcón" a proclamarla. Parece D. Luis ignorar que someter a aprobación parlamentaria una determinada resolución consiste, precisamente, en recordar lo que esa resolución dice. Y que la decisión de "INSTAR el Govern catalá a dictar totes les resolucións necessàries per al desenvolupament de la Llei de jurídica y fundacional de la Republica" es, precisamente, lo que estaba previsto hacer una vez llevada a cabo la declaración de independencia.
Por otra parte, no hay nada en el artículo 475 del Código Penal (destinado a castigar el delito de rebelión) que exija que una declaración de independencia de una parte del territorio nacional –como la ya firmada el pasado 10 de octubre por los diputados del grupo parlamentario del PdeCat y de la CUP– tenga que ser sometida a votación en Parlamento alguno para ser plenamente constitutiva de este delito penado con cárcel. Tampoco hay nada en el Código Penal que señale que una inmediata suspensión de la independencia que acompañara a su declaración borra o hace inexistente la comisión del delito. De la misma forma que, en términos médicos, ninguna mujer puede abortar si previamente no está embarazada, tampoco Puigdemont, en términos jurídicos, podría suspender independencia alguna sin haberla declarado previamente, tal y como así hizo hasta el momento de proponerla a votación –ya sin suspensión alguna– al Parlamento catalán secuestrado por los golpistas.
Con todo, mi desacuerdo con mi admirado D. Luis no termina, desgraciadamente, ahí. Y es que, aun cuando el Parlamento catalán no hubiera aprobado la declaración de independencia el pasado viernes, y si ni siquiera esta declaración de independencia se hubiera firmado el pasado 10 de octubre, todavía existiría un delito de rebelión del que poder acusar a Puigdemont y compañía. Y esto es así porque ni siquiera es necesario que haya una declaración de independencia para que exista un delito de rebelión. Así, y tal como apuntaba el editorial de este periódico el pasado 11 de octubre, tal y como señala el Código Penal y tal y como viene a reconocer la propia querella que, por fin, este lunes ha presentado el fiscal general del Estado contra los cabecillas del golpe –que no son Trapero ni los Jordis, precisamente–, cualquier otro intento violento y público de "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución" es constitutivo de un delito de rebelión. Eso, por no hablar del delito de sedición –artículo 544 y siguientes–, que el Código Penal castiga con penas de prisión cualquier intento de "impedir, por la fuerza o meramente fuera de las vías legales, la aplicación de las de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
Así las cosas, alguno podrá preguntarse por qué, entonces, el fiscal general del Estado ha esperado a la aprobación de la DUI por parte del Parlamento catalán para cursar unas querellas por rebelión y sedición que ya podía haber presentado contra Puigdemont y Junqueras desde antes incluso de la celebración de la ilegal consulta del 1 de octubre. Los malpensados podrán decir que la tardanza del fiscal obedece a que ha esperado a ver si Puigdemont se retractaba, tal y como en todo momento confiaba un Gobierno públicamente dispuesto a defender como "vuelta a la normalidad" una persistente independencia de facto que renunciase a la independencia de iure en forma de república y Estado soberano. Los biempensados podrán decir que la tardanza del fiscal obedece a que ha esperado a cargarse de razones para tener razón. Lo que me parece surrealista es que alguien considere que el fiscal se haya precipitado por el hecho de que los delitos penados con cárcel perpetrados por Puigdemont y compañía no sean reales sino tan solo aparentes. Y me lo seguiría pareciendo aun cuando la Fiscalía retirara en el futuro su acusación o aun cuando el tribunal que los juzgue termine por absolverlos de todo delito penado con cárcel. Y es que una cosa es la existencia del delito y otra la prevaricación judicial que constituiría el no querer verlo.