Está visto que, con estos gobernantes, España no necesita poderosos enemigos. Lo de Margallo premiando a los promotores del ilegal desafío secesionista con una oferta de reforma constitucional, destinada a "encajar el hecho catalán" (sic) en "la realidad hispánica"(sic), así como con una reforma del sistema de financiación para entregar a las autonomías el 100% del IRPF y de los impuestos especiales, sería como para destituirlo hoy mismo, si no fuera –claro está– porque este ministro es el más claro reflejo de la indolencia, pusilanimidad y, sobre todo, falta de criterio del presidente del Gobierno.
De hecho, las declaraciones de este botarate, que, para colmo, es ministro de Asuntos Exteriores, no han hecho más que recordarme aquella "singular cesión del PP al chantaje de Mas", que Rajoy hiciera, a través de Sánchez Camacho, a comienzos del 2013, en lo que llamaron "un nuevo y singular modelo de financiación para Cataluña". Aquello consistía, básicamente, en establecer en Cataluña un "modelo propio y con capacidad normativa" basado en un incremento de los impuestos cedidos y en una mayor participación de la Generalidad en los impuestos estatales. Aquel documento hablaba en términos bilaterales, de igual a igual, cuando se refería a las fórmulas de colaboración entre la llamada "Agencia Tributaria de Cataluña" y la "Agencia Estatal de la Administración Tributaria".
Aunque Margallo no haya entrado a concretar nada, sus declaraciones evidencian, tanto como aquella detallada oferta a los nacionalistas, que Rajoy no está dispuesto a hacer nada que no sea ceder. Así, la solución que propone el ministro de Rajoy es tanto como aceptar que el problema radicase no en el ilegal desafío de los separatistas, sino en una Constitución que no admite la realidad nacional de algo que, como Cataluña, jamás ha sido una nación; o en un sistema de financiación que, pese a dar a nuestras autonomías una participación en los ingresos fiscales mayor que la que tiene cualquier otra administración regional del mundo, fuese, sin embargo, menor que la que merecen.
Lo cierto es que si existe una reforma constitucional que puede ayudar a resolver el problema sería la destinada a erradicar de nuestra Carta Magna las muchas y autodestructivas concesiones que se hicieron a los nacionalistas con el vano intento de contentarlos. Empezando por aquella patochada de distinguir entre regiones y nacionalidades. Eso, por no hablar de una reforma del sistema de financiación autonómica, no sólo encaminada a que ninguna comunidad autónoma pudiera gastar más si no es sometiendo a sus ciudadanos a una mayor presión fiscal; también la destinada a reducir la participación de nuestras autonomías en los ingresos impositivos, participación que actualmente es muy superior a la que tienen los cantones suizos, los länder alemanes o los estados de los EEUU. Es ese demencial exceso de financiación, tanto como los delirios identitarios, lo que nos ha llevado a la creación de 17 miniestados y a que algunas comunidades aspiren a un Estado propio 100%.
En cualquier caso, si Margallo (léase Rajoy) quiere "encajar el hecho catalán en la realidad hispánica" que empiece por resolver el hecho de que en esa parte de España no impera nuestro Estado de Derecho; no rige el derecho a aprender en español, el derecho a ver cumplidas las sentencias o el derecho a no ser gobernados por quienes incurren en delitos tales como la prevaricación, la usurpación de atribuciones o la malversación de caudales públicos. Porque este es el auténtico hecho diferencial y la auténtica singularidad de Cataluña, que, lejos de encajar, habría que erradicar.