De la misma forma que recientemente nos ha querido hacer creer que los gastos que ya lleva acarreados la nueva y no menos ilegal consulta secesionista del próximo 1 de octubre, tanto en publicidad institucional como en la compra directa de urnas, los están desembolsando de su propio bolsillo los golpistas que rigen la Generalidad, tal vez el ministro de Hacienda pretenda convencernos ahora de que todas las ilegales estructuras de Estado que la sediciosa Administración catalana está erigiendo en Cataluña desde 2012 –incluida la transformación de la Agencia Tributaria de Cataluña en una Hacienda propia– también las han pagado de su bolsillo Puigdemont y el resto de delincuentes que siguen ostentando la máxima representación del Estado en Cataluña gracias a la irresponsable y temeraria renuencia del Gobierno de Rajoy a la hora de aplicar el artículo 155 de nuestra Constitución.
Lo que es un hecho es que a Montoro, tras mentir como un bellaco al asegurar que los golpistas no han dedicado "un solo euro del dinero público" a los preparativos del 1-O, no se le ha ocurrido otra cosa que emitir un comunicado en el que se amenaza, incluso por la vía penal, a todas las personas físicas y jurídicas que presenten las declaraciones de impuestos exclusivos del Estado en la Agencia Tributaria Catalana.
Que conste que no me parece mal que el Gobierno advierta públicamente de las consecuencias penales que puede acarrear el incumplimiento de la ley, pero lo que me parece surrealista es que esta advertencia vaya dirigida contra aquellos catalanes que compartan o sucumban a la extorsión institucional de sus mandatarios regionales y no contra los golpistas que la ejercen, y a los que el propio Gobierno del PP, además de ofrecer "diálogo" y "negociación", viene financiando desde 2012, de forma indirecta pero absolutamente decisiva, a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Ya con ocasión de los surrealistas llamamientos del Gobierno de Rajoy y de Ciudadanos a los mossos d'Esquadra para que desobedezcan las ordenes de sus sediciosos mandatarios regionales de cara al 1 de Octubre, me vino a la cabeza la imagen de un armador que, al tiempo que dejase al mando de su nave a alguien manifiestamente dispuesto a violar las leyes marítimas, se fuera a los marineros a decirles que no obedecieran las ilegales órdenes que recibieran de su capitán.
Es cierto que los golpistas, en la ilegal tarea de reemplazar completamente a la Hacienda española por una Hacienda propia al servicio de su fantasmagórica República catalana, no lo van a tener tan fácil como lo han tenido desde 2012 a la hora de desobedecer todas y cada una de las sentencias de nuestros Altos Tribunales contrarias a su ilegal proceso secesionista. Con todo, no nos extrañe que cada vez haya más catalanes que se tomen más en serio las advertencias en el ámbito fiscal del Gobierno de Puigdemont que las de Rajoy, tal y como sucedió con ocasión de la no menos ilegal consulta del 9-N, cuando alguien dijo: "Temíamos más al Departament que al Gobierno".
En cualquier caso, el hecho de que a Cataluña no se le reconozca de iure la independencia que en, buena medida, se le viene concediendo de facto desde hace años no borra la decisiva responsabilidad del Gobierno de la nación en la más grave crisis institucional de toda nuestra historia democrática.