El vértigo que le produce al Gobierno de Rajoy el tener que someter al despilfarrador Gobierno secesionista de CiU al imperio de la ley –incluida la de Estabilidad Presupuestaria– es de tal envergadura que el ministro de Hacienda sigue sin atreverse a denunciar el incumplimiento catalán de los objetivos de reducción del déficit. La patética renuencia de Montoro a reconocer este secreto a voces entre los miembros de su propio Gobierno –además de un hecho orgullosa y públicamente reconocido por los propios representantes del Gobierno infractor de Cataluña– me recuerda –salvando las distancias– a Rubalcaba en los tiempos de la antepenúltima tregua de ETA: a pesar de que la persistencia del mal llamado impuesto revolucionario ya había sido denunciada por empresarios vascos y navarros víctimas de la extorsión, y hasta justificada por la propia organización terrorista en una entrevista en Gara por no formar parte –según decían– de los compromisos del alto el fuego, Rubalcaba tuvo la desfachatez de decir que "no le constaba" la continuidad de la extorsión terrorista.
Comprendo que, después del ingente apoyo financiero que Montoro ha brindado al Gobierno secesionista de Mas a lo largo de 2012 –unos 12.000 millones de euros–, le debe de resultar muy duro tener que admitir que ni con esas el Ejecutivo de Mas esté en la senda de reducción del déficit que el Gobierno central le había fijado. Pero más sonrojante para el ministro debería ser el tener que ocultar algo que señalan todos los organismos nacionales y extranjeros, y que reconoce el propio Gobierno de Mas: el incumplimiento catalán de reducción del déficit hasta el 1,5% comprometido con Bruselas.
Si tanto temen Rajoy y Montoro tener que hacer efectivas las advertencias de intervención que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, yo les propondría que la incumplieran sobre la base de que no es sólo Cataluña, sino que son muchas más las comunidades que han incumplido esos objetivos de reducción del déficit.
Entiendo que no castigar una infracción por el hecho de que haya muchos infractores no es que sea muy de recibo que digamos; pero más escandaloso es la impunidad que alega una falsa ausencia de infracción. Por incómodo que sea para Montoro reconocer que le han tomado por el pito del sereno, nadie nunca le dijo que incumplir el deber de hacer cumplir la ley fuera tarea fácil ni grata. Y en eso, y no en otra cosa, está este Gobierno.