Dejo por un momento aparcadas mis dudas sobre si el Gobierno y ETA, con o sin intermediarios, mantienen en estos momentos contactos, para centrarme exclusivamente en la reclamación que la AVT y Dignidad y Justicia han hecho durante su comparecencia en el Congreso, consistente en introducir en el preámbulo de la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo una prohibición expresa a negociar con la banda terrorista.
Salvo reclamar que en el proceso de elaboración de esta nueva Ley se cuente con todas las asociaciones de víctimas –incluida muy especialmente la que preside Francisco José Alcaraz–, no tendría en principio objeciones que hacer a esta encomiable propuesta que tan descolocados ha dejado a los portavoces de los distintos partidos en la Comisión de Interior.
Ahora bien, y aun a riesgo de parecer quisquilloso, no puedo dejar pasar por alto el hecho de que cuando reivindico la prohibición del diálogo con la banda terrorista, no me refiero exclusivamente a una negociación, a una cesión, no digamos ya a un proceso de colaboración, sino a todo diálogo, a cualquier contacto con estos criminales prófugos que no tenga por objetivo la infiltración o la detención para sentarlos finalmente en el banquillo. Dicho de otra forma: se trata de conseguir que cualquier diálogo con los terroristas –con independencia de su finalidad– sea reconocido por primera vez en España como lo que es, como una omisión del deber de perseguir delitos y delincuentes, que ya esta tipificada como delito en nuestro Código Penal.
Aunque algunos medios se hayan referido a las propuestas de las víctimas como una prohibición "a cualquier clase de diálogo", lo cierto es que lo que yo le he oído a la presidenta de la AVT es, lamentablemente, la prohibición de la "negociación"; prohibición que puede quedar en papel mojado con tan sólo decir el gobierno de turno, tal y como ya se ha dicho en el pasado, que no se está negociando sino dialogando. Los contraproducentes contactos que los gobiernos de Aznar y sus antecesores mantuvieron con ETA no sólo conllevaron indefectiblemente la omisión temporal del permanente deber de perseguir delincuentes, sino que sirvieron de excusa para las infamias colaboracionistas perpetradas por Zapatero o los nacionalistas en Estella. Eso, por no hablar de la oferta de impunidad que esos contactos llevaban implícitos por parte de un gobierno que la disfrazaba como "generosidad".
Seguramente no haya motivos para mis recelos respecto a la nueva Ley de Victimas. Pero si estamos de acuerdo en que no hay nada que pagar a ETA (ni precios políticos ni penitenciarios), que no hay nada que verificar, ni dialogar, ni negociar con prófugos de la Justicia; que lo del proceso de la entrega de las armas es o una estupidez o una condescendencia hacia la impunidad o una excusa para no apresar a terroristas, entonces no habrá problema en que la oposición de las Asociaciones de Víctimas también se dirija contra ese diálogo que sí respaladaba la resolución parlamentaria aprobada por el parlamento en la primera legislatura de Zapatero y tambien contra ese "final dialogado de la violencia" que respaldaron todos los partidos en el funesto pacto de Ajuria Enea. En definitiva, contra ese diálogo que todos los gobiernos han utilizado como excusa para interrumpir, aunque haya sido temporalmente y buscando objetivos muy distintos, el deber de detener a este tipo de delincuentes.