Quiero empezar este artículo felicitando a los compañeros del diario El Mundo por la interesante entrevista que este domingo le han hecho al nuevo presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y, sobre todo, por haberse posicionado editorialmente –creo que por primera vez– en contra de vincular los beneficios penitenciarios a los etarras que contempla la ley con un eventual "proceso de paz". En la ley, ciertamente, hay margen para esos beneficios, pero ese margen –tal y como señala el editorialista– no depende de las circunstancias políticas, sino "únicamente de la actitud individual de reinserción del terrorista".

Afortunadamente, y a diferencia de lo que podría dar a entender el editorialista, creo que esa misma parece ser también la opinión del presidente de la Audiencia Nacional, quien a la pregunta de si "se debe bajar el diapasón en una situación de proceso de paz o de negociación con ETA", contesta categóricamente que la "legalidad se tiene que aplicar en cualquier fase". Es más, ante la insistencia del entrevistador de "si en un escenario de fin del terrorismo de ETA, ¿en esta casa hay margen para aplicar o no aplicar el Código Penal, para aplicar o no aplicar beneficios penitenciarios?", el presidente de la Audiencia insiste en que "dentro de los mecanismos legalmente establecidos y siempre que se den los fenómenos de reinserción y que se cumplan los requisitos legales (la cursiva es mía) puede haber margen. Dentro de la legalidad más escrupulosa, puede haber margen".

Esperemos, pues, junto al editorialista, "que la Audiencia Nacional no vuelva a acuñar ninguna moneda de cambio frente a ETA y Juanes cumpla con su máxima de que 'en la aplicación de la legalidad no caben voluntarismos'". Ahora bien, hay que añadir que "esa moneda de cambio frente a ETA", no sólo la ha acuñado en el pasado la Audiencia, sino también la Fiscalía y, sobre todo, cuantos gobiernos y medios de comunicación han respaldado –aun de manera vigilante y escéptica–, cualquier "proceso de paz" con el terrorismo. En todos esos procesos, consustancialmente al margen del principio de legalidad, los representantes gubernamentales han hecho a los terroristas prófugos de la justicia ofertas de beneficios penitenciarios condicionadas al cese definitivo del terrorismo. Los procesos de paz, como las guerras a las que quieren dar término, son realidades que se producen al margen del Estado de Derecho, y, en ese escenario, no hay que extrañarse de que la suerte de los prisioneros de guerra quede vinculada a ellos. Ahora bien, ni los etarras que siguen en libertad son combatientes de ninguna guerra, ni los que está presos son prisioneros de guerra. Esperemos, pues, que no sólo la Audiencia Nacional sino todos los gobiernos y todos los medios de comunicación den el paso de oponerse abiertamente a los procesos de paz o, lo que es lo mismo, al paradigma del "final dialogado de la violencia". Ningún proceso de paz es concebible y practicable si los representantes de quienes tienen que guardar y hacer guardar la legalidad no se la saltan para mantener contactos con quienes deberían detener. Eso, por no hablar del nulo sentido de esos contactos si no se tiene la intención de ofrecer beneficios penitenciarios a los terroristas vinculados al hipotético cese definitivo de la violencia.

Es por ello inaceptable la distinción entre beneficios políticos y beneficios penitenciarios, tal y como se ha hecho en el pasado. La justicia es una de las primeras obligaciones políticas de los Estados, más importante para mí que la conservación de las fronteras y la integridad territorial. Pero es que, además, esa "generosa" oferta de los gobiernos en torno a los beneficios penitenciarios, lejos de ser una "moneda de cambio" que incentive el abandono de la violencia ha sido y será siempre una oferta oxigenante para los etarras que debilita la función disuasoria que, también y sobre todo, deben tener las penas. Es una oferta de excarcelación que, además de ilegitima, afecta a los etarras que están en prisión pero que se dirige a los que siguen en libertad.

Dejémonos, pues, para siempre de procesos de paz, que no son otra cosa que contraproducentes sendas que transitan al margen del derecho. Y que los terroristas abandonen toda esperanza. Incluida la de ser tratados como prisioneros de guerra.