No, señor Borrell. Los que gritaban "Puigdemont a prisión" no eran turbas del circo romano, ni una jauría humana ansiosa por linchar a nadie ni una masa que confunde la venganza con la justicia. Como usted bien sabe, eran ciudadanos de Cataluña y del resto de España, que se consideran libres e iguales ante la ley, que aborrecen la impunidad y que consideran enormemente contraproducente y hasta contradictorio el nada civilizado intento de conservar las fronteras territoriales de España a costa de burlar o dejar en papel mojado unas leyes que, entre otras cosas, castigan con penas de prisión a quienes perpetran delitos como los que Puigdemont –y antes que él Artur Mas– ya han perpetrado.
Señor Borrell, una cosa es la elesticidad, rasgo de la inteligencia renuente a los dogmatismos, y otra cosa es el nihilismo, síntoma de carencia de principios. La ley de transitoriedad jurídica y la ley del referéndum aprobadas el pasado mes de septiembre –como antes la no menos ilegal resolución I/XI de 9 de noviembre de 2015– fueron actos delictivos encaminados a "derogar, suspender o modificar, total o parcialmente la Constitución". Como delitos de rebelión que son –art. 472.1 del Código Penal–, tienen, obviamente, tan nulo efecto jurídico como si hoy a Carles Puigdemont le diera por proclamar la República de Cataluña. Pero el hecho de que no tengan, obviamente, efecto jurídico alguno no significa que no tengan o deban tener consecuencias penales.
Puede ser, señor Borrell, que a usted lo que más le preocupe es que Cataluña deje de formar parte de la Unión Europea. A mi también me preocupa, pero no tanto, hasta el extremo de poder confesarle que vi con agrado cómo el número de banderas europeas que se ondeaban en la manifestación de Barcelona del pasado domingo era incomparablemente inferior al de las de Cataluña y al de las de España. En cualquier caso, estése y estemos todos tranquilos en este sentido. Cataluña no va a ser expulsada de la Unión Europea mientras no sea el Reino de España el que reconozca y declare formalmente su independencia.
A mí ese fantasma, como el propio fantasma de la República catalana, no me preocupa. A mí lo que me preocupa, y desde hace mucho tiempo, es un Estado español en el que no se permite estudiar y enseñar en español; en el que se educa en el desprecio y en el odio a España; en el que se subvenciona medios de comunicación públicos que, para colmo, justifican la quiebra de nuestro ordenamiento jurídico.
Me preocupa, señor Borrell, una clase política española que –incluso hoy– ve normal que una Administración pública esté en manos de unos golpistas. Me preocupa la persistente independencia de facto de la Cataluña nacionalista que los partidarios del diálogo ofrecen a los golpistas a cambio de que renuncien a que Cataluña sea reconocida como un Estado soberano. Me preocupa su renuencia a combatir, también y sobre todo, en el terreno de las ideas la lacra del nacionalismo y el disparate de creer que cualquier minoría, en lugar de derecho a recibir protección del Estado del que forme parte, tiene derecho a crear un Estado aparte.
Me preocupa, señor Borrell, que el máximo líder de su propio partido haga suyo el inconstitucional disparate de que "España es un Estado plurinacional", sin tener, además, la gentileza de decirnos el nombre y el número de las supuestas naciones que componen dicho Estado plurinacional. Me preocupa un Albert Rivera cuya bochornosa tardanza en reclamar la suspensión de la Administración en rebeldía sólo es superada por su delirante ocurrencia de reclamar dicha suspensión únicamente para convocar nuevas elecciones autonómicas. Me preocupa, señor Borell, sobre todo un presidente del Gobierno como Mariano Rajoy, un incompetente cuya indolencia, insensatez y apuesta por el apaciguamiento hasta podría arrastrarle a algo tipificado como delito (art. 408), como es "dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables".
Señor Borrell, me preocupa la politización de la Justicia. Me preocupa que se haya olvidado que si los jueces no juzgaron a Artur Mas por un delito penado con cárcel, como es el delito de malversación, se debió únicamente a que la Fiscalía retiró el cargo en un unos momentos en que el Gobierno de Rajoy se disponía a impulsar la operación Diálogo con los ya entonces golpistas.
Me preocupa, señor Borrell, que pueda haber nuevamente llamamientos a jueces y fiscales para que sus togas "no eludan el contacto con el polvo" de un camino como el que quieren transitar los que claman por una especie de proceso de paz y de negociación con los separatistas catalanes. Me preocupa que se ignore que la impunidad del delincuente, cuando es consentida, es la prevaricación del Estado.
Señor Borrell, me preocupa hasta usted. Es tal mi preocupación por el Estado español, por sus élites políticas y mediáticas, que no tengo tiempo ni ganas para preocuparme por una inexistente República catalana o de su expulsión de la Unión Europea.