Es innegable que el Gobierno de Rajoy no ha movido un dedo para hacer realidad aquella promesa de muchos de sus dirigentes de hacer efectiva la Ley de Partidos y expulsar de las instituciones a los testaferros de ETA. Sin embargo, los votantes de este partido se podían, al menos, consolar con otro compromiso del PP que el Ejecutivo de Rajoy sí parecía estar dispuesto a sacar adelante: elaborar un proyecto de ley para que pudieran votar en las elecciones autonómicas aquellos miles de vascos que fueron obligados a abandonar su tierra por la presión del terrorismo nacionalista.
Así lo propusieron a bombo y platillo en su día el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Leopoldo Barreda, quien en enero parecía poner fin al retraso de esta reforma de la Ley Electoral anunciando que se llevaría a la Cámara durante la primera mitad de este año.
Pues bien. A la luz de lo publicado este lunes por Fernando Lázaro en El Mundo, parece ser que Rajoy también está dispuesto a aparcar indefinidamente este compromiso, y no precisamente por razones de encaje legal, tal y como algunos podrían sospechar: de hecho, la propuesta ha tenido el aval jurídico de expertos constitucionalistas dirigido por Benigno Pendás, hasta el punto de que fueron ellos quienes elaboraron el informe de conclusiones que sirvió de guía para que el Grupo Popular comenzase a cocinar la proposición de ley.
La surrealista razón que ahora han dado para "retrasar" todavía más esta medida, que por pura dignidad democrática y respecto a las víctimas debió haber sido aprobada en los primeros seis meses de gobierno, no es de índole jurídica, sino política. Y no es otra que la ya conocida oposición del PNV y la supuesta falta de apoyo del PSOE.
Rajoy ya nos tiene acostumbrado a apelar al consenso como excusa perfecta para no cumplir las promesas del partido al que una amplia mayoría de españoles otorgó su confianza en las últimas elecciones generales. Pero esta nueva invocación al consenso es aún más cínica, si tenemos en cuenta que este acto de reparación hacia el exilio vasco cuenta, tal y como sucede también con la Ley de Partidos, con un respaldo social que no se limita a los que han votado al PP. Hasta tal punto esto es así que dudo muchísimo de que la dirección de los socialistas se atreviera a votar en contra de esta reforma si el Gobierno del PP les forzara a tomar partido con una votación en el Congreso.
Aun resulta más insultante que el Gobierno se excuse en la falta de apoyo del PNV, formación abiertamente nacionalista que, por razones obvias, siempre se ha opuesto a que se acabe con la adulteración que el terror ha logrado imponer al cuerpo electoral del País Vasco y Navarra, para beneficio tanto de los que sacuden el árbol como de los que recogen las nueces.
En lugar de forzar el acuerdo con el PSOE y de buscarlo con formaciones que fácilmente le brindarían su apoyo, como UPyD, el Gobierno de Rajoy prefiere seguir y reforzar la senda de envilecimiento de las élites socialistas y escudarse en la negativa de los nacionalistas para no sacar adelante una reforma para la que el PP ya tiene, por si sólo, una mayoría más que suficiente.
Se dirá, finalmente, que el Gobierno no renuncia definitivamente a hacer realidad esta promesa electoral, y que hasta las siguientes elecciones autonómicas hay tiempo más que suficiente para sacarla adelante. Sin embargo, si el PP sigue utilizando las mismas excusas para retrasar el cumplimiento de esta promesa electoral, la podremos seguir esperando eternamente.