No creo que el vergonzoso, inconstitucional y apenas maquillado pacto fiscal que ahora propone el PP de Cataluña (léase de Rajoy) sirva para que los separatistas de CiU metan en el congelador su ilegal consulta secesionista, pero me opondría igualmente a ese precio, por mucho que pagándolo se lograra a ciencia cierta ese objetivo.
Tampoco creo que la impunidad que anida en la bochornosa sentencia de conformidad defendida por el fiscal general del Estado en el caso Pallerols sirva para que la UDC de Duran i Lleida devuelva el favor al Gobierno de Rajoy frenando el proceso independentista que han puesto en marcha las élites nacionalistas catalanas. Pero me opondría igualmente a esta otra forma de debilitamiento de nuestro ya de por si débil Estado de Derecho si dicha sentencia de conformidad tuviese y lograse dicha finalidad política.
No creo, así mismo, que los silenciados 8.300 millones de euros que el Gobierno de Rajoy piensa destinar en 2013 a la Generalidad –que no a Cataluña– provenientes del Fondo de Liquidez Autonómica consigan desactivar los proyectos secesionistas de CiU; entre otras razones, porque tampoco lo lograron los 17.000 millones que Rajoy entregó a este despilfarrador Gobierno secesionista y a sus no menos quebradas cajas de ahorros en 2012.
No creo que dejar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sus mecanismos de intervención en papel mojado, y no darse por no enterado, tal y como Rajoy y Montoro todavía hacen, del incumplimiento de los objetivos de reducción del déficit en 2012 por parte del Gobierno catalán, impida la (nueva) ilegalidad que el Gobierno de Mas piensa perpetrar celebrando esa ilegal consulta separatista.
Tampoco creo que el hecho de que Artur Mas y el resto de los españoles hayamos llegado a la convicción, gracias al insensato silencio de Rajoy y Torres Dulce, de que el presidente de la Generalidad no será llevado al banquillo aunque celebre esa ilegal consulta, puesto que no se le juzgara por delito de desobediencia ni por usurpación de atribuciones, ni por ningún otro delito de los que todavía rigen en nuestro código, vaya a contribuir a impedir esa ilegalidad, delito que tendrá –ya está teniendo– desastrosos efectos políticos, por mucho que no se le conceda reconocimiento jurídico a lo que ilegalmente saliese de esas urnas.
Por el contrario, creo que es ese horizonte de impunidad y de auxilio financiero extraordinario que el Gobierno de Rajoy está brindando al Gobierno secesionista de Mas lo que permite –me atrevería incluso a decir que estimula– que los nacionalistas hayan emprendido abiertamente su ilegal proyecto rupturista. Eso, por no hablar de la pasividad del PP a la hora de bajar al decisivo terreno de la comunicación política y desmontar uno a uno los cuentos de la lechera del nacionalismo, tal y como con acierto señala Cristina Losada.
De lo que estoy seguro es de que no será nuestro debilitamiento como Estado de Derecho lo que preserve la unidad de España.