No hay que rehuir los extremos cuando es menester: una estimación tibia ante lo que merece entusiasmo es un error; un débil desagrado o mohín de displicencia ante lo repugnante es una cobardía.
Julián Marías
En una democracia digna de tal nombre, en la que el Estado de Derecho no admita intermitencias y en el que todos –incluidos los gobernantes– estuviesen sometidos al imperio de la ley, un escándalo tan grave como el del caso Faisán sólo podría saldarse de dos maneras: o con la dimisión del ministro del Interior como responsable político del chivatazo a ETA, o con el procesamiento penal también del propio ministro del Interior, en el caso de haber sido él quien diera la orden de perpetrar semejante delito de colaboración con banda armada.
Este lunes el diario El Mundo aporta un nuevo dato del caso que no viene sino a reforzar la más lógica de las dos opciones; esto es, que el chivatazo, lejos de ser un cruzamiento de cables de los agentes policiales, fuese ordenado al máximo nivel en tiempos en que Rubalcaba ya ocupaba el cargo de ministro del Interior. Y es que El Mundo asegura que el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, interlocutor del Gobierno con Batasuna y ETA durante el "proceso de paz", se entrevistó con el responsable financiero de la banda y propietario del bar Faisán, Joseba Elosúa, precisamente en vísperas del chivatazo.
Si esto fuera poca evidencia del claro interés político por proteger a Elosúa y avisarle, como así ocurrió, de que la policía seguía sus pasos por orden del juez Grande Marlaska, conviene también recordar que otro interlocutor del Gobierno con la banda terrorista, José Manuel Gómez Benítez –elevado posteriormente a vocal del Consejo General del Poder Judicial–, puso en valor ante los etarras la comisión de este delito de colaboración con la banda terrorista, poco despues de perpetrarse y precisamente como prueba de la "voluntad de diálogo y negociación" del Gobierno.
A la luz de estos y muchos otros más datos, es evidente que, salvando las distancias, estaríamos mucho más cerca del caso de Barrionuevo –quien fue procesado por considerársele autor de la orden del secuestro de Segundo Marey– que del caso de la dimisión de Antonio Asunción, quien cesó de su cargo únicamente por ser el responsable de Interior en el momento en el que Roldán se fugó.
Pero ya ven ustedes. En esta España nuestra, lo único que se está dirimiendo en estos momentos respecto a Rubalcaba no es si su dimisión debería o no ir acompañada de su procesamiento penal, sino si el omnipotente vicepresidente y ministro del Interior va a ser o no el sustituto de Zapatero como nuevo candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno.
Bien pensado, no es para más si tenemos en cuenta que Cospedal, en nombre del principal partido de la oposición y en una rueda de prensa en la que ha dado por demostrada la "conexión política" del chivatazo, se ha limitado a decir que "sería muy importante que el ministro del Interior se dedicara a ser ministro del Interior y diera explicaciones". Claro que tampoco ha ido mucho más lejos en su editorial el propio diario El Mundo, que se ha limitado a decir que "este súper vicepresidente con pies de barro no puede pretender ser candidato a nada sin que antes se esclarezcan estos hechos". Vamos, como si aun no estuviera perfectamente esclarecido lo que debía haber provocado ya la dimisión de Rubalcaba: el hecho demostrado de que fueron agentes policiales los que, siendo él ministro de Interior, se chivaron a ETA y desbarataron así la operación antiterrorista; como si lo único que faltara por conocer no son sus nombres y si el ministro del Interior, en todo caso dimitido, debería o no ir con ellos a prisión.
Y en esa estamos, con una oposición política y mediática que confunde la ponderación con las medias tintas, incluso ante los casos de más extrema gravedad. No nos extrañe, pues, que Rubalcaba aspire a ser presidente del Gobierno. Ni que Zapatero siga siéndolo.