Dicen nuestros compañeros de El Mundo, a cuatro columnas y en titular de portada este lunes, que "Rubalcaba obliga a la policía a trabajar para la campaña del PSOE". Hombre, la verdad es que este Gobierno no es la primera vez que obliga a "trabajar" a la policía en beneficio de sus "campañas" y en algo bastante más sucio que en la elaboración de informes sobre estadísticas de delincuencia que puedan ser utilizadas de manera partidista.

Piénsese, por poner sólo dos ejemplos, en el "trabajo" –incluidas escuchas ilegales– que han tenido que hacer algunos policías –sin contar a la Fiscalía y a un juez imputado por prevaricación– en pro de esa campaña de difamación contra el principal partido de la oposición que constituye la cacería Gürtel. O en el "trabajo" que se tomaron unos policías, posteriormente condenados por ello, deteniendo ilegalmente a dos ancianos militantes del PP, con tal de dar veracidad a una falsa agresión a Bono que favorecía la campaña de desprestigio que el Gobierno lanzó contra las manifestaciones de víctimas del terrorismo.

La cuestión que nos deberíamos plantear ahora es si Rubalcaba, más que a trabajar, obliga a la policía a guardar silencio. Y con ello tampoco me refiero al silencio tan poco novedoso como el que mantienen unos policías responsables de hacer desaparecer restos determinantes para esclarecer el 11-M o al que mantienen los que perpetraron el chivatazo policial a ETA. Al extraño silencio al que me refiero ahora es el que tiene que ver con las pruebas que, desde hace más de un año, la policía puede haber recabado en relación a la conexión de los proetarras con Eusko Alkartasuna. Hace más de un año que la llamada "izquierda abertzale" y los dirigentes de Eusko Alkartasuna califican de "presos políticos" a los terroristas encarcelados, se niegan a condenar a ETA y muestran su disposición a hacer de la escisión del PNV un vientre de alquiler para Batasuna. Hace ya meses que, gracias a la documentación incautada a miembros de Ekin, a la que hace referencia el auto de encarcelamiento dictado por Grande Marlaska, se ha confirmado que ETA ha diseñado la estrategia entre Batasuna y Eusko Alkartasuna para sortear ilegalizaciones de formaciones menos maquilladas como la de Sortu. Hace poco más de un mes La Razón afirmaba que "EA y Batasuna firmaron en secreto su pacto el martes", por el que, en caso de no inscripción de Sortu, se integrarían en sus listas personas poco conocidas de la izquierda abertzale. Vamos, lo mismo que el Gobierno recomendó a ETA con ANV para sortear la ilegalización de Abertzale Socialista Batasuna.

Ahora ese matrimonio de conveniencia entre EA y los batasunos nos presenta públicamente su criatura, Bildu, que hasta El País califica como "la decimocuarta marca electoral de la izquierda abertzale desde la fundación de Herri Batasuna en 1978", mientras la Fiscalía sigue guardando silencio.

Aunque nada más darse a conocer Sortu planteé la posibilidad de que sólo fuera un señuelo, nunca he querido que lo perdiéramos de vista. Tampoco ahora. Los distintos planes de ETA para permanecer en las instituciones no son, por lógica elemental, incompatibles entre sí. Lo único que digo es que a través de Sortu los proetarras ya no se podrán colar salvo que a ese "trabajo sucio" se dedicaran, con inusitada velocidad, los magistrados del Constitucional. En caso contrario, ya sólo lo podrán hacer a través de Bildu. Y para que la pasividad de la Fiscalía ante esta nueva formación proetarra no quede aun más en evidencia, nada mejor que la policía no entorpezca esa infame campaña de blanqueamiento de los proetarras.