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Guillermo Dupuy

¿Una "libertad" que requiere más impuestos?

Con el actual sistema de enseñanza, la posibilidad efectiva de que cada padre pueda escolarizar a sus hijos en el idioma de su preferencia podría suponer una generalizada agresión a los contribuyentes en forma de aumento de impuestos o endeudamiento.

"¿Contra quién atenta el padre que quiere escolarizar a sus hijos solo en castellano (o en inglés o en chino)?", se preguntaba retóricamente el otro día Albert Esplugas en un interesante articulo publicado en Libertad Digital. Pues contra nadie, añado yo, siempre y cuando sea ese padre quien se lo pague de su bolsillo y encuentre a quien esté dispuesto a enseñar a sus hijos en el idioma elegido.

La respuesta, sin embargo, cambia considerablemente cuando lo que pretende ese padre es poder escolarizar "gratuitamente" a sus hijos en el idioma de su preferencia en un centro escolar sufragado con dinero público, que no tiene autonomía para dictaminar en qué lengua o lenguas enseña y dónde los alumnos estudian porque así lo ha determinado el poder público. En ese caso, la posibilidad efectiva de que cada padre pueda escolarizar a sus hijos en el idioma de su preferencia podría suponer una generalizada agresión a los contribuyentes en forma de aumento de impuestos o endeudamiento. Y es que otorgar ese poder efectivo a los padres en el actual sistema educativo supondría por parte de la administración y para cada centro escolar la construcción de nuevas aulas y la contratación de profesorado capaz de enseñar en tantas lenguas –incluido el chino– como se dieran a elegir a los padres de nuestro ejemplo.

Incluso reduciendo drásticamente ese poder de elección de los padres sólo a tres lenguas –por ejemplo el castellano, el gallego y el inglés–, la diferencia económica y administrativa entre ofrecer una única oferta lingüística para todos los alumnos –ya sea esta monolingüe, bilingüe o trilingüe– a otra en la que cada padre puede elegir, aunque sea sólo entre estas tres, la lengua o lenguas para escolarizar a sus hijos podría seguir disparando enormemente el gasto público.

A mí no me gusta el decreto Feijóo, como tampoco, por cierto, la supuesta alternativa de Galicia Bilingüe (¡qué nombre tan inapropiado para una asociación que dice defender la libertad individual de los gallegos en materia lingüística!). De hecho, como Esplugas, estoy en contra de cualquier imposición estatal en materia lingüística, sea esta monolingüe, bilingüe o trilingüe. Ahora bien, entiendo que una de las razones que les han podido llevar a no reivindicar la completa libertad de elección entre las lenguas oficiales de Galicia haya podido ser de índole administrativa y económica.

Creo que el planteamiento de Galicia Bilingüe de ofrecer la posibilidad de elección sólo en un número ligeramente mayoritario de asignaturas, mientras se impone la otra lengua para el resto, puede deberse a ese deseo de no multiplicar el gasto público en educación. En el caso del Gobierno del PP, aunque los complejos ante el nacionalismo siempre están al acecho, no creo que éste sea realmente el motivo que explique fórmulas como la de decidir democráticamente la lengua en cada centro en aquellos que sólo tienen un aula por curso.

Aunque estoy abocado a ello, no puedo afirmar con fundamento que prefiero un sistema de completa elección de lengua en la enseñanza sin saber a ciencia cierta su repercusión en mis impuestos, deficiencia de cálculo en todo sistema socializado. Por ello, creo que la libertad lingüística hay que reivindicarla en el marco de la libertad de enseñanza, en un marco donde cada centro escolar tenga autonomía financiera y pueda hacer libremente su oferta educativa –incluyendo la lengua o las lenguas en qué se va a enseñar– y dejando a los padres que elijan el centro para sus hijos sin perder por ello una "gratuidad" que pagan con sus impuestos. Aunque el llamado bono o cheque escolar, cuyo importe fija la autoridad pública, tenga sus defectos, garantiza mucha mayor libertad de elección y es incomparablemente mejor a un sistema en el que la autoridad pública determina cómo, dónde, qué y en qué lengua se ha de enseñar.

Aun con el sistema de bonos escolares establecidos, reconozco que puede haber quien en su pueblo no encuentre ningún centro ni a nadie que quiera enseñar en chino a su hijo por el importe de su cheque escolar. Pero esa imposibilidad ya no se deberá a ninguna agresión a su libertad, sino al hecho de no poder agredir la de los demás.

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