Por mucha que sea mi simpatía a la UPyD que lidera Rosa Diez, y por interesante que considere su "Manifiesto por la Regeneración de la Democracia y la Refundación del Estado", hay algunas propuestas que allí se hacen a las que haría algunas objeciones.
Tiempo habrá de rebatir su apuesta por un sistema electoral todavía más proporcional que el que padecemos, o su confusa y poco trabajada propuesta de implantar una auténtica justicia independiente. Lo que me interesa ahora analizar es su propuesta de impedir por ley que puedan ser electas "personas acusadas por delitos de corrupción política".
Para empezar, semejante propuesta me parece de dudosa constitucionalidad, habida cuenta de que la inhabilitación para poder ser electo y ejercer un cargo público en un Estado de Derecho solo puede sobrevenir como resultado de una condena.
La responsabilidad política y la responsabilidad penal son y deben seguir siendo ámbitos diferentes, y los confunden tanto quienes se oponen a cualquier dimisión mientras no haya condena como los que pretenden que esa dimisión sea exigible por ley sólo por el mero hecho de ser acusado.
Luego está saber qué es lo que entiende UPyD por ser "acusado", porque, como bien señala Arcadi Espada este jueves en El Mundo, llevar un hombre a la hoguera de la Inquisición mediática sale aquí más barato que en otro país. Yo diría, desgraciadamente, mucho más: con una Fiscalía dependiente del Gobierno y cúpulas policiales designadas políticamente a dedo es fácil imputar a alguien un delito, por mucho que sea inocente.
Esto no quiere decir que no considere razonable que alguien sobre el que policías, fiscales y jueces han reunido indicios acusatorios abandone su cargo. Es más, también considero razonable que dimita alguien contra el que no haya indicio alguno de haber cometido un delito pero que haya faltado a su responsabilidad in vigilando, tal y como fue el caso del ministro Asunción tras la fuga de Roldán. Sin embargo, una cosa es lo razonable y otra lo imperativo; una cosa es la ética y otra la legalidad.
No debemos consentir que la lucha contra la corrupción pueda convertirse en una artera y no menos corrupta forma de deshacerse de los adversarios políticos. Ninguna de las reformas que requiere la regeneración de nuestra democracia pasa por socavar el derecho a la presunción de inocencia.