No le falta razón al presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, cuando considera poco creíbles las recientes declaraciones de José Ignacio Wert, en las que el ministro de Educación aseguraba que el gobierno del PP mantendrá una "estricta vigilancia" para que los padres que quieran escolarizar a sus hijos en español puedan hacerlo en cualquier parte de España. Mi desconfianza en este terreno hacia el gobierno de Rajoy no se basa únicamente en la forma en la que el ministro adquirió ese supuesto compromiso, con "lengua de trapo", como diría Caja, y sólo a requerimiento de la representante de UPyD. Se basa fundamentalmente en lo que él ministro dijo a continuación: "vamos a mantener una estricta vigilancia y una actitud positiva para evitar que se repitan situaciones como las que hemos visto en anteriores legislaturas, en las cuales ha llegado a ser cuestión de litigiosidad, por parte de padres o asociaciones, este derecho a obtener la educación en la lengua vehicular de preferencia".

¿Cómo vamos a confiar en que el Gobierno del PP le dé una solución si en las propias manifestaciones del ministro no se reconoce la persistencia del problema que constituye la institucionalizada y liberticida inmersión lingüistica? La vulneración del derecho a obtener la educación en la lengua vehicular de preferencia no es cosa de legislaturas pasadas, tal y como quiere dar a entender el ministro, sino que es algo que se sigue haciendo en Cataluña de manera tan sistemática como impune. La cuestión no es, pues, "evitar que se repita", sino conseguir que se acabe de una vez ese atropello inconstitucional. Y esto no se conseguirá, como bien ha señalado Caja, si el gobierno del PP lo que pretende es evitar la litigiosidad, en lugar de cumplir y hacer cumplir las leyes.

Con todo, y por si las propias palabras del ministro no fueran suficientes para sembrar la más justificada de las desconfianzas, ahí está el silencio clamoroso que Rajoy  mantuvo sobre este asunto al día siguiente, antes, durante y después de su entrevista con el presidente del gobierno autonómico catalán. Rajoy no sólo evitó sacar colación el clamoroso desacato al Tribunal Supremo en el que vive la Generalidad de Cataluña, sino que también guardó silencio cuando Artur Mas, a preguntas de los periodistas, se permitió encima decir desafiante que Rajoy "sabe que hay líneas rojas y que es mejor no pisarlas".

Dado que el gobierno autonómico no va a cumplir ni la ley ni las sentencias, ni tampoco el gobierno del PP va a obligar a su cumplimiento, me pregunto si esta vulneración de derechos civiles tan elementales como la que nos ocupa va a formar parte de esa cultura "cívica y constitucional" que Wert pretende impartir con la asignatura que va a sustituir a "Educación para la ciudadanía".

Y es que el ejemplo que dan muchos de nuestros políticos no los hacen, precisamente, los más indicados para señalar lo que hay que enseñar a nuestros hijos.