Desde el punto de vista legal, sería relevante —y mucho— que los españoles repararan en que efectivamente se puede hacer —y además impunemente— lo que una ley prohíbe que se haga. Desde el punto de vista político, se permitiría a los nacionalistas echar mano de unos datos de un referéndum —al que prácticamente solo acudirían los nacionalistas— que les permitiría con más fuerza vender la cantinela de la voluntad y la soberanía de los vascos que viola el Estado español. Si llegaron incluso a falsear el resultado del referéndum constitucional del 78 en el País Vasco —donde la participación fue superior a la abstención y los votos afirmativos muy superiores a los negativos— qué utilización política no harían de la consulta en referéndum de su plan Ibarretxe por mucho que “no tuviera validez alguna desde el punto de vista jurídico”...
Piensan algunos, sin embargo, –como el diario El Mundo– que habría que esperar a ver qué haría entonces el lehendakari, como si por el hecho de que no tuvieran validez jurídica los resultados del delito no tuviera efectos jurídicos y penales su comisión. Olvidan que los nacionalistas vascos —como aquélla máxima leninista— “cada vez que pinchan y notan blando, siguen profundizando”.
Con el retraso editorial que le caracteriza, seguro que El País se suma a las tesis de El Mundo, con la diferencia de que, en el caso del diario de Prisa, el desgaste al PP y el acercamiento del PSOE a los nacionalistas forma parte de su negocio. Si tenemos presente —para cerrar el panorama de la prensa nacional— que ABC y La Razón acostumbran a apoyar al Gobierno, pero siempre a remolque, nos podemos hacer una idea de cómo la ofensiva secesionista del PNV ha pillado al ejecutivo con el pie cambiado. Si a eso sumamos que esa misma prensa no ha barajado hasta ahora la posibilidad de aplicar en el futuro el artículo 155 de la Constitución —y si lo ha hecho ha sido para denigrarlo— es preciso admitir que los nacionalistas —lejos de ser kamikazes— están actuando como si estuvieran convencidos de que sus ilegalidades no van a tener para ellos ningún tipo de coste.
En cualquier caso, —y al margen de las consecuencias que deba tener la ilegal convocatoria de Ibarretxe— el Gobierno debería también desarrollar ya la aplicación de ese artículo 155 que contempla la suspensión de la autonomía, y advertir un día sí y el otro también que los nacionalistas no deben dudar de que se interpondrán en su camino si insisten en proseguir su marcha. Lo que no se enseña, —no digamos ya lo que se oculta acomplejadamente— no disuade. Y la forma más eficaz para no tener que aplicar el artículo de la Constitución mencionado es precisamente asegurar que se aplicará a una fecha fija en el caso de que para entonces el Gobierno vasco no renuncie a saltarse la ley. Lo que crean los nacionalistas es en buena parte responsabilidad del Gobierno.
Volviendo a la reforma del Código Penal, si ayuda a hacer creer a los nacionalistas que no van a resultar impunes sus delitos, bienvenida sea, pese a sus defectos de forma. Si por el contrario, es percibida como un mero farol de quien no quiere enseñar las cartas, me temo que el resultado de la operación será algo bastante más grave que lo que podemos contemplar a las puertas de mi colegio.